El director de comunicación de la Conferencia Epsicopal Española (CEE), José Gabriel Vera, aclaró este sábado en un mensaje en las redes sociales que "se confirma que sigue en vigor el artículo 11 del decreto de alarma". "Con la restricción del 30 de marzo que suspende las celebraciones fúnebres. Aquí lo pongo por si alguno no lo ha leído", puntualizó.

Así, junto a este texto, el comunicador incluyó un enlace al enunciado oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y una imagen del fragmento que permitiría ese tipo de celebraciones: "Art.11. La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro".

Dicho artículo hace referencia a las "medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas" y no servía, según la autoridad policial, para amparar la celebración del Viernes Santo en la catedral de Granada. Así lo comunicó a los fieles el propio obispo de la diócesis, Francisco Javier Martínez, quien aseguró que si no desalojaban les sancionarían "uno por uno", según puede oírse en el vídeo de 'Vatelevision.com'.

El obispo concretó que lo habían hecho "con la mejor intención", amparándose en el citado decreto, antes de mostrar sus disculpas y repartir la comunión.

La comisaría principal de la Policía Nacional, Pilar Allué, aseguró este sábado en la rueda de prensa de La Moncloa que la normativa vigente no ampara actualmente este tipo de celebraciones y confirmó que los agentes pidieron a los celebrantes que comunicasen a los fieles que tenían que desalojar el templo.

Fuentes del Ministerio del Interior precisaron a Servimedia que, más allá del artículo 11 del citado Real Decreto, en el 7 ya se impide asistir a este tipo de celebraciones, pues versa sobre la "limitación de la libertad de circulación de las personas" y no contempla entre esos supuestos acudir a celebraciones religiosas al no considerarlas "de fuerza mayor o necesidad" ni de "causa justificada".