Tras admitir que “los problemas no tienen respuestas meteóricas”, explicó que todo el Gobierno está estudiando las medidas para garantizar el aislamiento de contagiados sin síntomas después de que Sanidad “nos haya lanzado su preocupación”.

El ministro aseguró tener confianza en que los ciudadanos asuman la necesidad de aislarse de manera voluntaria. “¿Qué diríamos nosotros si conociéramos a alguien que es positivo y no se aisla voluntariamente? La censura estaría servida”, aseguró. Para el caso de que alguien se negara, “se pedirían los informes pertinentes y se actuaría”.

No obstante, Campo detalló que en el mundo del derecho “no podemos homogeneizar todos los supuestos. Habrá quien vive con sus padres octogenarios y no quiere contagiarlos y nosotros tendremos que remover todos los obstáculos para que se pueda aislar. O los que están solos en casa y quieren aislarse porque les da miedo estar solos… Y está el reticente, el renuente, que tiene obligación de no contagiar y la administración pública tiene la obligación de confinarle”.

Los juristas no se ponen de acuerdo sobre los mecanismos que podría utilizar el Gobierno para obligar a los positivos asintomáticos a aislarse en instalaciones preparadas a tal efecto. Lo que no descartan en ningún caso es que el Ejecutivo pueda acabar recurriendo a los tribunales para imponer las medidas de confinamiento, cuando el afectado se niegue a aceptarlas de manera voluntaria.

El Gobierno ya ha anunciado que planea poner en marcha una nueva estrategia en la lucha contra la pandemia del coronavirus que pondrá el foco en aislar a las personas infectadas que sean asintomáticas que son, según los expertos, los grandes transmisores ocultos de la enfermedad.

En principio, el Gobierno plantea esta iniciativa para aislar con carácter voluntario a las personas que sean positivas pero que no presentan síntomas de la enfermedad y que no pueden cumplir con el aislamiento domiciliario.

Una de las dudas es qué ocurriría con aquellos que dieran positivo en los test masivos que piensa hacer el Gobierno y que se nieguen a cumplir con el aislamiento. Hay juristas que sostienen que el estado de alarma ampara las medidas que se puedan tomar para atajar una crisis sanitaria grave, y que los ciudadanos afectados estarán obligados a confinarse donde se les indique. En este escenario, las resoluciones médicas serían más que suficientes para proceder al aislamiento y la resolución judicial resultaría innecesaria.

Los que opinan que este marco legislativo no es suficiente plantean la posible implantación del estado de emergencia, regulado por la Constitución para afrontar una crisis de orden público y que facilitaría herramientas al Estado para imponer obligatoriamente sus órdenes.