En un auto, la Audiencia rechaza adoptar medidas cautelares y hace recuento de las órdenes y resoluciones dictadas por el Ministerio de Justicia ante la emergencia sanitaria, con la fijación de los servicios esenciales en los juzgados y las medidas de protección establecidas según el nivel de exposición y riesgo de los funcionarios.

La Sala indica que no están en el mismo riesgo de contagio los funcionarios que desarrollan su trabajo sin presencia de otros profesionales o de ciudadanos, que aquellos otros que prestan servicio en un juzgado de guardia o en el registro civil y que están obligatoriamente en contacto con detenidos, abogados o policías.

Por esa razón, la Audiencia Nacional entiende que no se pueden adoptar medidas genéricas de protección para todos los trabajadores, sino que deber ser las “adecuadas y proporcionales" a cada caso. Recuerda, además, que ante la “notoria escasez de equipos” se deben atender las “recomendaciones de las autoridades sanitarias” y prestar atención a “los colectivos prioritarios, entre otros el personal sanitario".

La Sala también rechaza la petición del sindicato de que se haga una evaluación individualizada de los riesgos de cada trabajador, recordando que se han dado instrucciones a los responsables de las oficinas judiciales para fijar turnos y excluir a personas con patologías de riesgo.