La Fiscalía General del Estado cierra así la investigación que había encomendado al fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz y archiva las actuaciones iniciadas de oficio, aunque deja abiertas las que correspondan a las fiscalías de cada comunidad autónoma por sus propios casos. En consecuencia, las investigaciones que lleva el Ministerio Público en Barcelona, Valladolid o Madrid seguirán su curso.

Fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que alertó en una entrevista del hallazgo de varios cadáveres en residencias de ancianos que permanecían en sus camas junto a los residentes vivos. Delgado indica en su decreto que la “gravedad" de los hechos denunciados motivó la apertura de una investigación y la designación del fiscal Dolz como instructor para “facilitar” la obtención urgente y centralizada de los datos que pudieran dar lugar a una investigación.

A partir de ahora serán las Fiscalías provinciales de Madrid, Barcelona o Valladolid las que tendrán que determinar si corresponde el archivo de las investigaciones que mantiene abiertas en las tres comunidades autónomas. La primera de las denuncias se produjo en Madrid a raíz de la muerte de 17 ancianos por coronavirus en la residencia Monte Hermoso.

Fue el Defensor del Paciente el que denunció los hechos haciéndose eco de las noticias aparecidas en medios de comunicación sobre los muertos en esa residencia y las varias decenas de contagiados que allí se habían producido.