En un comunicado conjunto, ambos sindicatos trasladaron que esos despidos deberían ser suspensiones temporales del empleo, dado que las empresas para las que trabajaban los afectados han suspendido su actividad por la crisis sanitaria del Covid-19 y advirtieron de que van a denunciar a estas empresas de trabajo temporal.

Según CCOO y UGT, los más de 300.000 trabajadores cedidos por las ETT a empresas usuarias “no pueden tener un nivel de cobertura menor que el resto de trabajadores de las empresas usuarias”.

Por ello, exigieron al Ministerio de Trabajo y Economía Social que “se fiscalice de oficio” estos despidos que consideraron una actuación “reprochable” con “consecuencias muy graves” en lo que respecta a la protección social de los afectados. “Las personas despedidas por ETT que no cuenten con cotización suficiente no van a poder acceder al paro, y no tendrán opción de descontar este tiempo de su periodo máximo de desempleo generado”, destacaron.