El Alto Tribunal argumenta que no cuenta con elementos suficientes para adoptar un requerimiento de ese tipo sin escuchar antes a la Administración y, por tanto, desestima adoptar la medida como cautelarísima.

Sin embargo, acuerda tramitar la petición de la CESM como medida cautelar ordinaria para poder pronunciarse con conocimiento de todos los extremos precisos "y, en particular, de la gestión efectuada al respecto por la Administración y de los criterios que la han informado que nos ha exponer con detalle el Abogado del Estado en su escrito de alegaciones".