En una providencia dictada este miércoles los magistrados Jesús María Barrientos, Jordi Seguí y Carlos Ramos explican que “una vez prorrogado el estado de alarma y agravadas las limitaciones de la movilidad (…) procede dejar sin efecto el señalamiento de juicio oral previsto a partir del día 23 de abril” en espera de que una vez termine el confinamiento “se inicien los trámites para realizar un nuevo señalamiento del referido juicio oral”.

Esta es la segunda vez que se suspende el inicio de este juicio que, en una primera ocasión se fijó para el mes de noviembre de 2019 y que fue suspendido a raíz de la elección como diputado del Congreso de uno de los acusados, Joan Josep Nuet (ERC) que, como aforado, deberá ser juzgado en el Tribunal Supremo.

El tribunal juzgará a Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó y Mireia Boya por la presunta comisión de un delito continuado de desobediencia y, en su caso, de un delito de organización criminal, por desoír la órdenes del Tribunal Constitucional (TC).

Esas órdenes les obligaban a impedir la tramitación de cualquier iniciativa que supusiera desplegar la hoja de ruta unilateral independentista plasmada en la declaración de ruptura que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015, como las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica.

El Ministerio Público solicita para los acusados penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación, además de una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave. La Abogacía del Estado pide multas de 30.000 euros e inhabilitación especial de un año y ocho meses para Corominas, Guinó, Simó y Barrufet, y multa de 24.000 euros y un año y cuatro meses de inhabilitación para Boya, todos ellos acusados de desobediencia grave. La acusación popular ejercida por Vox pide 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa e inhabilitación por un delito de organización criminal y de otro continuado de desobediencia.