El Alto Tribunal ha advertido este martes de que en el caso de que la Junta de Tratamiento de las cárceles donde se encuentran los presos independentistas condenados por sedición acuerde su excarcelación para cumplir el confinamiento en sus respectivos domicilios, el TS se dirigirá a cada una de esas juntas de régimen general y al director o directora de las prisiones.

El objetivo será reclamarles que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo. El Tribunal Supremo sostiene que esta rendición de cuentas se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación.

Las prisiones catalanas de Lledoners, donde están los hombres, y Puig de les Basses, que acoge a las mujeres, están analizando si los internos clasificados con el 100.2 pueden pasar el confinamiento por la crisis del coronavirus en su casa, según informó la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima.

Los requisitos para acceder a esta posibilidad son los de tener un bajo riesgo de reincidencia y disponer de un domicilio. El Gobierno de la Generalitat sostiene que es necesario que “haya menos gente" en las prisiones para limitar los contagios en los centros penitenciarios. La medida de confinamiento domiciliario afecta ya al 69% de los internos en tercer grado y podría extenderse a los que están amparados por el 100.2, que afecta a los independentistas presos.

Una vez autorizada la salida de un número importante de los presos en tercer grado, que ya dormían de lunes a viernes en su casa, las autoridades penitenciarias pasarán a estudiar individualizadamente la situación de los internos en segundo grado penitenciario regulado por el 100.2, que están autorizados a salir de prisión para trabajar, hacer voluntariado, formación, tratamiento o hacerse cargo de personas mayores.

Todas sus salidas han quedado suspendidas desde el inicio de la emergencia sanitaria. Justo antes de ese momento había un total de 157 personas en ese grado. A partir del inicio de la expansión del coronavirus, la Generalitat ha autorizado el progreso a tercer grado de 57 de ellos y queda un centenar de ellos dentro de las cárceles.

La responsabilidad de analizar estos casos uno por uno recae sobre las juntas de tratamiento extraordinarias que en esta situación harán una lectura "no restrictiva" del reglamento penitenciario. En caso de que se apruebe que puedan pasar el confinamiento en casa, la medida quedará "automáticamente revertida" una vez se acabe la emergencia sanitaria. La revisión de cada situación empezará este mismo martes y se sucederán a lo largo de esta semana.

Las propuestas de las juntas de tratamiento serán "de aplicación inmediata" puesto que se trata de un procedimiento sin intervención de la Secretaría de Medidas Penales porque la decisión de la junta irá directamente al juzgado de vigilancia penitenciaria, que recabará el informa de la Fiscalía. Después, el juzgado de vigilancia decidirá si ratifica o no la propuesta de la prisión. En caso de recurso, no se suspende la aplicación de la medida.