Según la proposición de ley registrada por ERC y EH Bildu, la norma, que data de 1982, se modificaría para que el Tribunal de Cuentas fiscalizara “las partidas de los Presupuestos Generales del Estado asignadas a la Familia Real, a la Jefatura del Estado o de Apoyo a la Jefatura del Estado”, así como “la situación y las variaciones de patrimonio de la Familia Real”.

En la exposición de motivos, se argumenta que "la más alta institución del Estado está incomprensiblemente exenta" de la "transparencia y control" que se exige para todos los organismos que reciben dinero público.

"Esta excepcionalidad, que no tiene amparo constitucional, mantiene en la opacidad los ingresos y gastos de quien ocupa la Jefatura de Estado y su Familia, cuestionando así no sólo uno de los principios esenciales de la democracia, sino la ética y la propia legitimidad democrática de la más alta institución estatal", continúan denunciando ERC y EH Bildu.

Para ambos grupos independentistas, "la Familia y Casa Real, al recibir un dinero de los Presupuestos Generales del Estado, tienen la obligación moral de dar cuenta a la ciudadanía de cómo es usado el dinero público, ya que la cantidad recibida no es un simple salario para su supervivencia".

Por tanto, sostienen, "el Parlamento español debe eliminar la opacidad que envuelve los Presupuestos de la Familia y la Casa Real de manera que la ciudadanía no tenga ningún tipo de dudas sobre la gestión responsable y ética del dinero público".

La proposición de ley se compone de tres artículos. En el primero se establece que "la Casa Real está obligada a otorgar toda la información que el Tribunal de Cuentas considere pertinente para el desarrollo efectivo de su labor fiscalizadora".

El segundo añadiría un apartado c) al artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para incluir entre sus cometidos "la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económica-financiera de la Casa Real, así como de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado asignadas a la Familia Real, a la Jefatura del Estado o de Apoyo a la Jefatura del Estado".

Finalmente, el tercero añadiría un apartado d) al artículo 11 de la Ley de 1982 para incluir "la situación y las variaciones de patrimonio de la Familia Real”.