De este modo, las 900 asociaciones de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias miembros de Plena Inclusión y las entidades empresariales sin ánino de lucro que les prestan servicios, Aedis, se suman a las reivindicaciones del resto de organizaciones encuadradas en el sector de la discapacidad que pertenecen al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). También apoyan esta petición la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS) y la Plataforma del Tercer Sector (PTS).

Según Plena Inclusión, sus entidades han seguido prestando los servicios de apoyo a las personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista o parálisis cerebral y a sus familias mediante atención telefónica o virtual y, en los casos más graves, de forma presencial en el hogar.

Han aumentado además sus esfuerzos para atender a las personas que utilizan diariamente sus servicios, reforzando los medios técnicos y humanos en línea con lo establecido en el RD 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, a fin de incrementar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo y la vinculación al entorno de las personas con discapacidad, entre otros colectivos vulnerables.

Por todo ello, Plena Inclusión y Aedis reclamaron a las administraciones públicas el reconocimiento efectivo de estos servicios a distancia y presenciales de apoyo a domicilio que se desarrollan como alternativa de emergencia a las actividades regulares de los centros de día, ocupacionales y de atención temprana cerrados por el estado de alarma. También les pidieron ayuda con el suministro de EPI, tan necesarios en este momento.

COMPROMISOS

De momento, el Gobierno central ha autorizado la aplicación del fondo de contingencia y la concesión de un suplemento de crédito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de 300.000.000 de euros para su transferencia a las comunidades autónomas.

Hasta la fecha, hay cinco comunidades autónomas que han mostrado por escrito su compromiso con el sector, garantizando el pago íntegro del precio de las plazas. Es el caso de Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana. Andaluciía anunció que asumirá el 80% del coste. Las dos entidades agradecieron "a estos gobiernos su voluntad política en estos momentos tan duros para todos", y reclamaron al resto de las comunidades que "se sumen y garanticen, con total seguridad jurídica, el 100% de la financiación de las entidades que prestan servicios mientras dure esta situación de excepcionalidad".