En un comunicado, que entre otras entidades firman la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Fundación Mujeres y la Asociación de Mujeres Juristas Themis, se alerta del "claro retroceso en los derechos de las mujeres" que el nuevo fallo supone.

En su sentencia del pasado diciembre, la Audiencia Provincial de Burgos definió lo ocurrido como agresión sexual, al apreciar “intimidación ambiental”. El fallo tuvo en cuenta la diferencia de edad y complexión física de los tres acusados, y los condenó a 38 años de prisión a cada uno (14 por un delito de agresión y 24 por cooperar en las agresiones cometidas por sus compañeros).

Hace unos días, la Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y león, "en un giro inexplicable", decidió absolver a uno de los condenados y atenuar las penas hasta los cuatro y tres años de prisión para los otros dos, al entender que cometieron abusos sexuales sobre la menor, no agresiones.

No tiene en cuenta la intimidación ambiental y, en el caso del acusado más joven, aprecia “la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la menor”.

Según las entidades firmantes, la repercusión de esta nueva y sorprendente sentencia ha sido mínima, sin duda debido a los difíciles momentos que vive el país por el coronavirus.

Por ello, consideraron fundamental alertar de que este fallo supone un retroceso claro en los derechos de las mujeres, de nuevo referido a la libertad sexual".

“No entendemos el giro interpretativo que ha tomado este caso y las diferencias tan sustanciales entre ambas decisiones judiciales; pero lo que está claro es que vuelve a ponerse en duda la credibilidad de la víctima", lamentaron.

Además, "el último fallo no tiene en cuenta en absoluto el Código Penal, que elevó la edad de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años en 2015", destacaron las organizaciones.

También ignora "la jurisprudencia del Tribunal Supremo", prosiguieron, y, en su argumentación, desoye varios tratados firmados y ratificados por España como el Convenio de Estambul o el propio Consejo de Europa".

Estos proíben "centrarse en las actuaciones anteriores y posteriores de la víctima", algo que según los firmantes "sí se ha hecho en esta ocasión, con el único propósito de desacreditarla".