"Por ejemplo, en el CETI de Melilla se ha superado la capacidad en un 112%", subrayó. Este centro sólo dispone de 782 plazas, prosiguió, pero actualmente hay 1.659 personas conviviendo -entre ellas casi 200 niños- "en un espacio muy reducido".

Según la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo, “en España hay más de 12.000 niños y niñas migrantes tutelados por la Administración Pública y en esta emergencia sanitaria no podemos olvidarnos de ellos". "La falta de espacio en estos centros impide garantizar las medidas para la prevención del contagio propuestas por el Gobierno y puede generar estrés y malestar a los menores, así como desembocar en un incremento de tensión y conflictividad”, advirtió.

Agregó que "para los adolescentes a punto de cumplir 18 años, abandonar el centro de protección representa una situación de alto riesgo en estos tiempos de emergencia sanitaria”.

Por ello, Save the Children propuso facilitar la acogida a pequeña escala en pisos o centros de menor tamaño de los menores tutelados para evitar masificación en los centros y respetar las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno, así como prorrogar las tutelas familiares.

También defendió la permanencia en los centros de los adolescentes que cumplan la mayoría de edad mientras dure el estado de alarma y la continuación de la educación y el apoyo terapéutico para quienes lo necesiten.

MÁS PROTECCIÓN

En cuanto a la situación de los solicitantes de asilo, pidió a las administraciones "espacios de alojamiento alternativos para que nadie se quede en situación de calle durante esta emergencia", así como una prórroga de las ayudas económicas para las personas que se encuentran en los programas de acogida de protección internacional y de ayuda humanitaria.

Save the Children también señaló que las personas migrantes en España a menudo dependen de su situación administrativa para disfrutar de sus derechos o para acceder a un empleo digno y que la actual paralización de los procedimientos de extranjería puede dificultar su acceso a la sanidad y a las prestaciones sociales. Además, destacó que aquellos "que ya vivían en situación de irregularidad administrativa y dependían de la economía sumergida, sufrirán de manera más aguda y prolongada la crisis económica derivada de la crisis sanitaria". Por todo ello, Save the Children pidió suspender los efectos de la caducidad de los permisos administrativos, a fin de evitar situaciones de irregularidad sobrevenida, y habilitar los mecanismos necesarios para seguir tramitando las citas de extranjería más urgentes.

También exigió que se garantice el acceso de toda la población a la salud, con independencia de su situación administrativa. A su juicio, son necesarias "más ayudas no contributivas y de emergencia social para apoyar a las familias y a los jóvenes que no puedan acogerse a las medidas económicas aprobadas hasta el momento y que no reciben ningún tipo de prestación para subsistir durante el aislamiento".