La Ley General Presupuestaria autoriza al Gobierno para que pueda sustituir la función interventora por el control financiero en aquellos casos “en los que se den circunstancias que lo hagan aconsejable por razones de eficacia en la prestación del servicio”.

Así, la IGAE, órgano competente en la fiscalización de las cuentas públicas, despliega todos sus recursos tecnológicos y tiene capacidad para garantizar el normal funcionamiento de los procedimientos de gasto en la actual situación extraordinaria, y como medida de previsión ante cualquier eventualidad que pudiera afectar a la función interventora.

El convenio permitirá al organismo aplicar el régimen del control financiero permanente, que verifica a posteriori, en sustitución de la función interventora previa, en los casos concretos y excepcionales donde fuera estrictamente necesario.

El Interventor General de la Administración del Estado se determinará mediante resoluciones en el ámbito subjetivo, objetivo y temporal de sustitución con el fin de que afecte a los supuestos imprescindibles.

Según ha detallado el Gobierno, esta decisión pretende conjugar “el adecuado control de la gestión económico-financiera del sector público estatal con lo establecido en el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.

Para ello considera conveniente adecuar “al máximo” los procedimientos de control, de manera que, “sin dejar de garantizar los objetivos que éste persigue, se interfiera mínimamente en la gestión ordinaria, con la finalidad de colaborar en el mejor funcionamiento de los servicios en esta situación excepcional”.

El Gobierno detalló que adopta esta medida de forma “temporal” y mantendrá su vigencia “hasta que las autoridades competentes acuerden la vuelta a normalidad de los servicios públicos”.