En rueda de prensa convocada en la sede del Ministerio de Economía, Salgado afirmó que el objetivo es "garantizar la confianza que hemos tenido y que tenemos que preservar".

Insistió en que es necesario eliminar "cualquier duda que pudiera haber en el mercado sobre la solidez de nuestro sistema financiero" y que el objetivo es asegurar que fluya el crédito.

Salgado explicó que se establecerá de forma "inmediata" un mínimo de capital básico del 8% de los activos ponderados por riesgo, frente al 7% actual, que supone adelantar los requisitos que establece Basilea III.

La titular de Economía y Hacienda se mostró convencida de que el 8% es una exigencia de capital "extraordinariamente alta que colocarán a nuestro sector financiero con un ratio de solvencia de los más altos de toda la zona euro".

Esta propuesta se plasmará en un decreto ley que verá la luz a lo largo del mes de febrero, dando plazo para alcanzar acuerdos con todos los agentes implicados.

La vicepresidenta aseveró que el Gobierno "tiene plena confianza en la solidez del sistema financiero y queremos transmitirla a los agentes internacionales".

En cualquier caso, según Salgado, la solvencia "de nuestro sistema financiero es notable y el core capital medio es del 8,5%" de los activos ponderados por riesgo.

NACIONALIZACIONES EN OTOÑO

De acuerdo con el plan presentado por el Gobierno, bancos y cajas tendrán que informar al Banco de España sobre su nivel de core capital que posean. Contarán de plazo hasta otoño para captar ese capital que se precisa. De lo contrario, en septiembre el Banco de España evaluará esos planes de recapitalización y determinará cuáles son las entidades que no cumplen.

Una vez detectadas esas entidades, el Gobierno podrá otorgar el poder al Frob para adquirir acciones de esas entidades, con la única condición de que sólo comprará activos de bancos y no de cajas.

Excepcionalmente, podrá exigirse más ratio de core capital para aquellas que no cotizan y que no tienen presencia de inversores significativos y con una importante dependencia de los mercados mayoristas.

En cualquier caso, el Frob inyectará ese dinero a precios de mercado y no a través de préstamos como hasta el momento. Pero el Frob sólo tomará posiciones por un máximo de 5 años, si bien podrá ejercer los derechos políticos que se derivan de la compra de acciones.

Sólo se establece un requisito y es que el Frob adquirirá de manera temporal las acciones a un banco, lo que exigirá que la entidad transmita el 100% de los pasivos y activos a una entidad bancaria.

Pese a que Salgado no precisó cuáles son las necesidades de capital exactas, sí puntualizó que la cantidad no será superior a los 20.000 millones. "Eso no quiere decir que el Frob deba aportar 20.000 millones, porque todo o parte de esa cantidad puede obtenerse en los mercados privados", añadió la vicepresidenta.

LEY DE CAJAS, INTACTA

Salgado también quiso dejar claro que esta legislación no acaba con la naturaleza de las cajas de ahorros.

"La Ley de Cajas va a experimentar muy pocos cambios, la repasaremos para ver si hay que hacer algún retoque", sentenció Salgado, quien insistió en que no habrá cambios importantes.

Salgado también explicó que este tema se ha tratado con el Partido Popular y con el sector, "y no tengo la percepción de que vaya a reaccionar mal".

Por otra parte, Salgado precisó que si finalmente tienen que utilizarse estos 20.000 millones, en ningún caso afectará al objetivo de déficit del Estado, puesto que no computa como tal.

"No va a contabilizar en ningún caso como déficit. En el supuesto, que no es la impresión que tenemos, de que todo fuera aportado por el Frob, serían dos puntos más de deuda sobre PIB, pero no déficit", incidió.