Este impacto socioeconómico del recorte de la actividad de las plantas fotovoltaicas se desprende de los análisis y de las tomas de posición que han puesto de manifiesto diversas asociaciones profesionales, agrarias, energéticas e industriales a raíz de la decisión del Ministerio de Industria de introducir medidas retroactivas, informaron estas organizaciones.

Según las últimas cifras de la Comisión Nacional de la Energía, de las 53.155 instalaciones afectadas por la nueva normativa, una sensible mayoría corresponde a colectivos socioeconómicos muy diseminados en todo el territorio nacional. Particularmente en aquellas comunidades autónomas en las que la tecnología solar fotovoltaica se ha convertido en un claro vector de inversión, crecimiento económico y desarrollo social. Este es el caso de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra y Aragón.

La reacción popular que se desprende de las aproximadamente 10.000 cartas enviadas al Congreso por productores y allegados afectados por esta medida, expresa, según las tres asociaciones fotovoltaicas -AEF, ASIF y APPA-, la relevancia de las pérdidas económicas que podrían suponer para la economía de estos colectivos la aprobación por parte del Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 14/2010.

Las tres asociaciones fotovoltaicas coinciden en que, si el decreto sale adelante, se producirá un daño relevante para el amplio segmento de la población señalado, sin contar el descrédito nacional e internacional que conllevará, por el cambio continuo y desacuerdo con las directivas de la Unión Europea.