Según el real decreto que aprobó el Gobierno tras horas de debate, tanto las autoridades sanitarias como los funcionarios y trabajadores que dependen de ellas quedarán bajo la competencia de Illa “en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares”.

No obstante, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos mantendrán la gestión, siempre dentro de su ámbito de competencias, de los servicios sanitarios.

Concentrar en Illa las competencias sanitarias permitirá, según el decreto, redistribuir por toda España al personal sanitario y todos los medios materiales según las necesidades que vayan surgiendo ante el avance del coronavirus.

Por último, todos los centros sanitarios de carácter militar reforzarán el sistema de salud en todo el país, mientras que el ministro podrá dar las órdenes necesarias a los centros y hospitales privados.