Así lo ha decidido la llamada Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi) en la reunión que ha celebrado este viernes su consejo, convocado de manera extraordinaria por su presidenta, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

El encuentro sirvió para analizar los efectos del Covid-19 en los mercados financieros y las medidas adoptadas tanto por el Gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco Central Europeo (BCE), como las aprobadas por las diferentes instituciones nacionales e internacionales.

Según ha detallado después el ministerio de Asuntos Económicos, se ha decidido que el Comité Técnico realizará un seguimiento continuo para valorar la situación y estudiar la posible adopción de medidas adicionales en caso de que fuera necesario.

Este Comité es el órgano más gestor de la nueva autoridad macroprudencial y lo preside la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado. Tanto en el consejo de la Amcesfi como en el Comité Técnico tienen representación importantes responsables del Banco de España, de la CNMV y el ministerio de Asuntos Económicos.

El encuentro de hoy coincide con una de las peores semanas en la historia de la bolsa y donde la prima de riesgo superó 130 puntos en algunos momentos, duplicando su valor previo a la crisis del coronavirus. El Ibex-35 cerró precisamente la semana con un desplome del 20,8%, hasta cotas que no veía desde la crisis del 2012.

El principal cometido de la Amcesfi es la supervisión macroprudencial del sistema financiero, con capacidad para efectuar análisis de riesgos y emitir opiniones, así como alertas sobre todos los aspectos que puedan suponer un riesgo sistémico que afecte a la estabilidad financiera.

Tendrá potestad para formular recomendaciones para la adopción de medidas específicas cuando atisbe dichos riesgos, con la posibilidad de dar publicidad al seguimiento de esas indicaciones cuando lo considere necesario.

Pero la labor última de aplicar medidas continuará en manos del Banco de España, CNMV y Seguros, a los que el Gobierno les ha dado competencias adicionales para que puedan limitar el crédito, la inversión o, en términos, generales, la exposición de las entidades financieras a determinados activos si lo consideran oportuno.