La formación naranja señala en la iniciativa que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico habla de servicios de intermediación más desde un enfoque de servicios de acceso a Internet y transmisión de datos por redes de telecomunicaciones.

En cambio, la UE promovió en 2016 la regulación más expresa de las plataformas de economía colaborativa y en 2019 legisló sobre fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios/profesionales de servicios de intermediación en línea.

Es en esa dirección en la que Ciudadanos opina que debe ir la ley en España. Por eso, propone al Gobierno que impulse el diálogo con los sectores afectados “para consensuar los criterios que determinen el papel de los intermediarios digitales, relativos al nivel de control e influencia de las plataformas digitales o colaborativas”.

PLAZOS DE ENTREGA

Esa nueva regulación deberá abordar, a juicio de la formación que lidera Inés Arrimadas, aspectos como la “capacidad en la fijación del precio”, “la transparencia de criterios de los algoritmos utilizados en la segmentación del mercado objetivo” y la influencia en las condiciones contractuales esenciales entre el prestador de servicios subyacente y el usuario, tales como las garantías, plazos de entrega, periodos de devolución, condiciones de calidad o cualquier otro susceptible de ser determinado por la plataforma.

“Asimismo, también se considerarán dentro de este criterio si las condiciones impuestas por la plataforma al prestador de bienes o servicios pueden considerarse constitutivas de una relación que excede los límites de la labor de un intermediario digital instrumental”, agrega la proposición a la que ha tenido acceso Servimedia.