En concreto, la suspensión se circunscribe a la previsión contenida en estas resoluciones de que los padres y las madres “puedan manifestar su conformidad o disconformidad” con la participación de sus hijos menores en actividades complementarias de las programaciones docentes que formen parte de la propuesta curricular y que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo.

Previamente a la motivación de la resolución de la medida cautelar, la Sala recuerda, siguiendo doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo reiterada, los aspectos sobre los que no va a pronunciarse “por corresponder a un examen del fondo del asunto” y señala que “tendrán su oportuna respuesta en sentencia”.

Todo ello, tras subrayar que las partes en sus respectivos escritos “se refieren a cuestiones que, de forma singular, forman parte de un enjuiciamiento del fondo del asunto” e insistir en el “limitado alcance del examen que de este tipo de cuestiones puede hacerse en un incidente cautelar”.

Por tanto, como refleja en el fundamento jurídico sexto, la resolución centra su motivación en examinar “cuáles son los intereses en conflicto, si hay riesgo de frustración de la finalidad legítima del recurso y si la medida cautelar de suspensión produce, en su caso, una grave perturbación de los intereses generales o de tercero”.