Así se recoge en un informe publicado por el organismo, en el que subraya la necesidad de “destinar un apoyo específico a los más afectados, y que estas medidas temporales de carácter extraordinario deberían intensificarse según sea necesario para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto económico”.

A nivel económico, el informe resalta que “España ha vivido cinco años de fuerte crecimiento por encima de la media de la eurozona, creación de empleo y superávits por cuenta corriente sostenidos”. Sin embargo, apunta que, en 2019, “la incertidumbre interna y, especialmente, la externa, mermaron la confianza”, por lo que, sumando ahora “las perturbaciones temporales ocasionadas por el brote global de coronavirus a las cadenas de suministro, el comercio, el turismo y el consumo interno”, estima que el crecimiento económico de España se ralentizará en 2020 “aún más” de lo previsto anteriormente.

Así, sobre la magnitud de la ralentización, el FMI señala que “dependerá del alcance y la duración del brote, que son sumamente inciertos en este momento”. En cualquier caso, prevé que a medio plazo el PIB de España se expanda en línea con un crecimiento potencial de en torno al 1,6%, “limitado por un bajo crecimiento de la productividad, ya que el estancamiento de las políticas en los últimos años no le ha proporcionado un nuevo impulso”.

En lo referente a la política fiscal, el FMI señala que, más allá de las necesidades generadas por el coronavirus, el Gobierno debería financiar “de manera sostenible a través de nuevas medidas de ingreso o de cambios en la composición del gasto” las medidas adicionales de gasto previstas para los Presupuestos de 2020, como las ya aprobadas en materia de pensiones y salarios.

En términos generales, apunta que la política fiscal de España en 2020 “puede ser básicamente neutral, con estabilizadores automáticos que operen libremente en apoyo de la actividad económica, además de las medidas temporales adoptadas en respuesta al coronavirus”, y advierte que “cualquier retraso temporal en la consolidación fiscal debería ir acompañado de un compromiso creíble de ajuste futuro”.

En este sentido, el FMI destaca que “la ratio entre impuestos y PIB en España es relativamente baja en comparación con sus homólogos regionales, lo que indica que existe margen potencial de mejora estructural”, por lo que recomienda a España “movilizar ingresos adicionales y potenciar la eficiencia del gasto” para alcanzar el equilibrio presupuestario y reducir la deuda. En concreto, el informe propone fortalecer “la recaudación del IVA, el aumento de los impuestos sobre consumos específicos y las tasas ambientales, y la reducción de las ineficiencias del sistema tributario, sin dejar de proteger a los más vulnerables”.

PARO Y DESIGUALDAD

Por otra parte, el organismo considera que “el paro, reducido a la mitad respecto a su pico posterior a la crisis, casi ha alcanzado ya su tasa estructural estimada y las previsiones indican que solo descenderá marginalmente de aquí en adelante”. En este sentido, el FMI destaca que “las disparidades socioeconómicas en España siguen siendo pronunciadas, reflejando en gran medida el elevado desempleo estructural”, por lo que considera que “reducir la prevalencia de los contratos temporales debe ser la piedra angular para la consecución de una mayor igualdad”. Para ello, aboga por impulsar políticas activas de empleo y de educación “más orientadas y modernizadas”.

Asimismo, recomienda “apoyar a los más pobres” mediante “una mejora de los programas de asistencia social, un régimen de créditos fiscales a los rendimientos del trabajo, y una ampliación de la oferta de viviendas de alquiler asequible”.

En la misma línea, asegura que “se necesitan políticas integrales para reducir las brechas de la inclusión social” y alerta de que la desigualdad y el riesgo de pobreza “siguen siendo más altos que en otros países de la UE, especialmente entre los jóvenes”.

Así, para lograr “un mercado laboral más inclusivo”, el FMI recomienda políticas para el mercado laboral que atajen la dualidad actual y “el abuso de los contratos temporales”, promoviendo su conversión en indefinidos. Para ello, propone minimizar las brechas de protección del empleo entre contratos temporales e indefinidos, “creando además un fondo de capitalización para despidos sufragado por el empleador”.

Además, también plantea una mayor flexibilidad a la hora de fijar salarios y condiciones de trabajo, permitiendo a las empresas “acortar el horario laboral manteniendo los puestos de trabajo, mientras que las administraciones públicas, por su parte, compensarían parcialmente la renta salarial perdida por los empleados”.

Otra recomendación del FMI a nivel laboral es mejorar la coordinación de la negociación colectiva entre los niveles sectorial y de empresa “mediante un uso más eficaz de las directrices fijadas en los convenios de nivel superior”, y aconseja analizar la legislación laboral para abordar aquellos aspectos que hayan contribuido a la disminución de la media de horas trabajadas y al aumento de la pobreza laboral. En particular, añade, “es necesario identificar los factores que contribuyen a la reducción de la duración de los contratos temporales y al abuso potencial de la mayor flexibilidad ofrecida por los contratos a tiempo parcial”.

De la misma forma, para apoyar a las familias de renta baja y hacer frente a la pobreza laboral, el FMI propone “la introducción de un programa de créditos fiscales a los rendimientos del trabajo, que constituye una herramienta mejor dirigida y más eficiente que el salario mínimo a la hora de abordar la pobreza y la desigualdad de renta”.

Por otra parte, el informe también destaca la necesidad de que las políticas activas de empleo y las políticas educativas se centren en mejorar la empleabilidad de los jóvenes, las personas poco cualificadas y los parados de larga duración, así como reforzar la formación profesional y destaca que “los planes de acción adoptados recientemente son pasos importantes con vistas a promover el empleo juvenil y reducir el paro de larga duración”.

PENSIONES

Por otro lado, el FMI considera que “los efectos redistributivos de los programas de asistencia social en España son relativamente débiles, ya que pocas medidas apoyan a quienes más lo necesitan y la protección se decanta hacia los pensionistas” y, en su lugar, propone incrementar la cobertura de los grupos más desfavorecidos mediante un mayor gasto en programas de renta mínima, familia y viviendas. Sobre este último punto, el organismo recomienda el desarrollo de políticas para una mayor accesibilidad al alquiler, haciéndolo más asequible.

En cuanto a las pensiones, el organismo considera que “el déficit persistente en el saldo de las pensiones contributivas exige un compromiso a largo plazo para contener la presión sobre el gasto en pensiones derivada del envejecimiento de la población” y señala que “la aplicación del factor de sostenibilidad constituiría una aportación importante, sobre todo habida cuenta de que su anuncio hace casi una década ha dado a los futuros pensionistas cierto tiempo para prepararse para su impacto”.

Además, en este ámbito también recomienda “retrasar la edad efectiva de jubilación incentivando una vida laboral más larga; incrementar los ingresos sin elevar el importe ya elevado de las cotizaciones; y fomentar el ahorro complementario”.