El expresidente de las Cortes valencianas y exdirector de la Policía bajo gobierno de José María Aznar, Juan Cotino, se enfrenta a once años de prisión por impulsar presuntamente la contratación inflada de pantallas de televisión y equipos de audio con una empresa vinculada a la trama Gürtel, y por repartirse 3,3 millones de euros desviados de esas adjudicaciones con varios de los acusados en este juicio.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción considera que pese a no tener cargo orgánico alguno en las instituciones encargadas de organizar la visita de Benedicto XVI, Cotino fue el impulsor de la decisión de derivar a Canal 9 (la televisión pública valenciana) la señal para retransmitir los actos.

Después de que 13 de los encausados en esta vista llegaran a un acuerdo con el Ministerio Público, la posición de Cotino se torna complicada, puesto que es previsible de sea señalado como uno de los artífices del mecanismo de adjudicación del contrato, desvío de fondos públicos y reparto del dinero.

Para minimizar esa responsabilidad, la defensa de Cotino solicitó ayer la inclusión como prueba de un análisis de derecho canónico dirigido a avalar que en realidad fue el Vaticano el que determinó que fuera la televisión autonómica la que distribuyera la señal.

El presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, ha comunicado la decisión en la segunda sesión del juicio por esta pieza separada de la trama Gürtel. La Sala entiende que el citado informe es “impertinente” porque su tesis “no va a afectar” al fondo de la cuestión que se dirime en esta vista.

La defensa de Cotino ha dejado constancia de su protesta y ha anunciado la presentación de un recurso por considerar que "la prueba que se propone venía a confirmar la incapacidad de nuestro cliente para ordenar una disposición sobre quién podía hacer esa señal".

El tribunal juzga a 23 personas por el contrato que adjudicó la televisión pública valenciana a una empresa pantalla del grupo Correa por 7,4 millones (con IVA) pese a que costó poco más de tres. El resto del dinero se repartió entre varios de los acusados. El acuerdo alcanzado por la Fiscalía con 13 acusados supone que ellos admitirán los hechos, devolverán el dinero y asumirán penas de menos de dos años de cárcel, que no les obligarán a ingresar en prisión.