Así lo recoge el documento acordado entre CCOO y UGT difundido este martes y que ha sido remitido tanto a las patronales CEOE y Cepyme como al Gobierno.

Ambos sindicatos piden esta prestación, dado que la normativa laboral no contempla este supuesto como una incapacidad temporal o un permiso retribuido, y sin embargo, “supone la imposibilidad de prestación de servicios con la consiguiente pérdida retributiva” para el trabajador.

Esta prestación se cobraría sin exigir ningún periodo de carencia y se financiaría con cargo a un fondo de ayuda “extraordinario” creado para atender las circunstancias derivadas del coronavirus.

En el caso de los empleados públicos afectados por estas situaciones, “se debe contemplar como un supuesto de permiso retribuido”.

Si se decide suspender temporalmente, de forma total o parcial, la actividad laboral y se reducen jornadas por expedientes de regulación de empleo, CCOO y UGT reclaman un procedimiento específico y extraordinario, previo acuerdo con la representación legal de los trabajadores y “siempre que justifique debidamente la concurrencia de causa el empresario”. En estos casos se requerirá autorización previa de la autoridad laboral.

En estos supuestos, se podrá acceder a las prestaciones “incluso las personas trabajadoras que carezcan de los periodos de cotización necesarios para tener derecho a las prestaciones por desempleo” y el tiempo que perciban dicha prestación no consumirá de los periodos máximos de paro.

A estas dos medidas se suma la consideración de contingencia protegida por la prestación de incapacidad temporal para los empleados que no puedan asistir al centro de trabajo por tener el coronavirus o por ser sometidos a aislamiento preventivo. No se exigirá el periodo de carencia para tener derecho a cobrarla, según la propuesta de los sindicatos.

CCOO y UGT entienden que tanto la situación de infección por el virus como el aislamiento preventivo deben considerarse contingencia profesional.

Además, piden un complemento para la prestación por incapacidad temporal para estos casos hasta alcanzar el 100% de la retribución de los trabajadores afectados, y como consecuencia, desarrollar el procedimiento para gestionarlo, incluyendo el mutualismo de la función pública.

Cabe recordar que la Seguridad Social emitió a finales de febrero un criterio para que se considere incapacidad temporal por enfermedad común el aislamiento preventivo por coronavirus, teniendo derecho a las correspondientes prestaciones siempre que se cumpla el resto de requisitos y en los términos y condiciones establecidos para cada caso por las normas de la Seguridad Social.