La alcaldesa de la localidad, Natalia de Andrés, señaló que “no se trata de viviendas nuevas sino de parcelas supramunicipales cedidas a la Comunidad de Madrid hace más de 14 años para la construcción de viviendas en la ciudad”.

En este sentido, recordó que cuando se planificó el barrio del Ensanche Sur se plantearon 1.096 viviendas cedidas a la Comunidad de Madrid que estaban aún a la espera de ser construidas.

“De hecho, la Comunidad de Madrid había solicitado, durante los mandatos del Gobierno municipal del PP, licencias de construcción que posteriormente se retiraron”. Ahora, continuó, la alcaldesa “estas viviendas pendientes desde hace años, en torno a 900, se incorporan a un nuevo proyecto de vivienda”.

En la última Junta de Gobierno Local se aprobaron diversas alegaciones a este borrador de decreto. Uno de estos aspectos es el relativo a la vulneración del régimen jurídico en cuanto al título necesario para el uso de los suelos. “Creemos que este decreto planea subvertir el régimen jurídico de la naturaleza de los bienes de dominio público de los suelos sobre los que se debe que construir y que tiene la obligación de respetar”, explicó De Andrés.

La regidora comentó que “se utiliza la figura la concesión demanial, siendo el contrato de gestión de servicios públicos el título que nosotros consideramos legalmente adecuado”.

Además, añadió que “con esta medida, creemos que la Comunidad de Madrid pretende eludir esta modalidad de contratos y traslada toda la actuación a promotores privados que la pondrán en marcha explotando el dominio público a su mejor criterio y entregando al concesionario las garantías de acceso, precio adjudicación y contrato de arrendamiento de estas viviendas sin ningún tipo de supervisión y control público, desatendiendo así su responsabilidad en materia de vivienda de protección pública”.

Para de Andrés, “el mecanismo que ha utilizado la Comunidad de Madrid es trasladar a los privados todas las decisiones importantes que se deben tomar a la hora de construir y adjudicar estas viviendas”.

Igualmente, subrayó que “la ley del suelo estatal vincula que estos suelos, los demaniales residenciales de cesión a las administraciones públicas, tienen que 'atender necesidades temporales de colectivos con especial dificultad de acceso a la vivienda', pero este aspecto no está recogido en este decreto”.

Además, añadió que “no se determina el tiempo de concesión ni la tipología de viviendas, se desconocen los pliegos reguladores, ni se determinan los cupos ni las cuotas de cada uno de ellos, es excesivo el periodo mínimo de empadronamiento de diez años…”, entre otros aspectos.

“Son muchas las cuestiones que están encima de la mesa a través de este decreto que no quedan claras y por ello hemos presentado estas alegaciones”, manifestó y criticó la falta de papel activo en este proyecto por parte de las administraciones locales. “Los ayuntamientos son en todo momento meros espectadores de la actuación en lugar de ser una parte activa de las viviendas que se van a construir en nuestro municipio”.

Finalmente, De Andrés señaló que “con estas alegaciones, nuestro objetivo es mejorar este decreto y que estas viviendas atiendan a las necesidades de la ciudadanía de Alcorcón en unas condiciones de igualdad, sin discrecionalidad a la hora de ser adjudicadas y, sobre todo, que este plan se gestione bajo una supervisión y control de carácter público”.