Fuentes jurídicas han expresado "su enorme perplejidad ante esa estrategia procesal pues si bien es habitual en delitos comunes es insólita en el caso de directivos de grandes empresas". Estas mismas fuentes señalan que "si bien no declarar es un derecho constitucional incuestionable, a nivel jurisprudencial se considera que el no hacerlo implica reconocer que no se dispone de una explicación ante la acusación formulada".

Ambos directivos, que representan a los grupos cárnicos catalanes Les Pedreres Grup y Vall Companys, habían sido denunciados por su socio minoritario Fleku Treinta que les acusa de presunta falsedad societaria para apartarles del control de Comapa, la gran distribuidora española de jamones, que el año pasado entró en concurso de acreedores. La querella fue admitida a trámite en noviembre pasado.

Según la querella, los socios de Osona Intensiva, que controla el 100% de Comapa, eran Les Pedreres Grup Empresarial (42,61%), Vall Companys SAU (29,84%) y Fleku Treinta SL (27,55%), y tenían acordado que el socio minoritario quedara protegido haciendo que "cualquier acuerdo importante" requiriera el voto favorable mínimo de quienes representen el 75%. Fleku Treinta les acusa de cesar "contra todo derecho" a su representante como miembro del Consejo durante una reunión a la que no asistió y de alterar después los estatutos sociales de Osona Intensiva para que desapareciera esa mayoría decisoria estipulada en el 75%.

Tras la expulsión de Fleku Treinta tanto Vall Companys como Les Pedreres tomaron el control ejecutivo de Comapa, que ha culminado con la declaración de concurso necesario y liquidación de la que fue la mayor distribuidora de jamones de España.