En concreto, los taxistas madrileños han tomado acciones legales por la inobservancia que el consistorio realiza “de manera reiterada” del artículo 195 de la citada normativa, que prohíbe la circulación por las vías públicas a los vehículos clasificados como turismos destinados al servicio de taxi o a los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), siempre que no estén clasificados según el distintivo ambiental 0 EMISIONES o ECO para categoría M1 de acuerdo al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.

Tal y como señala el presidente de la FPTM, Julio Sanz, desde la entrada en vigor de la ordenanza, tanto los taxis como las VTC que no estuvieran adscritas con anterioridad a la publicación y que no cumplan con las condiciones indicadas, “no pueden seguir circulando ni prestando servicio”. Una realidad que, a juicio de Sanz, “las VTC incumplen insistentemente, pues hay al menos mil vehículos que se han adscrito con posterioridad a la publicación de la Ordenanza y que la incumplen”.

Por ese motivo, en la demanda presentada por la FPTM, “hemos solicitado la inmovilización inmediata de dichos vehículos”, añade Sanz, quien confirma que el escrito presentado “es muy duro y contundente” y adelanta que “podrían pedir responsabilidades directas a los cargos públicos”.

“No es posible que el alcalde de Madrid permita el incumplimiento de la Ordenanza de Movilidad Sostenible a conocidas plataformas de VTC sin que haya ningún tipo de consecuencias”, argumenta Sanz. “Sobre todo, porque en el sector del taxi nos hemos adaptado desde el 2012 para tener una flota sostenible, frente a otros que basan su negocio en el incumplimiento sistemático de las normas, ya sean medioambientales o de transporte”, recuerda.

La Ordenanza de Movilidad Sostenible establece también que tanto los taxis como los VTC que a la entrada en vigor de esta normativa ya estuvieran asignados a esa finalidad, sin cumplir los requisitos ambientales contemplados en el artículo 195, podrán continuar circulando en los próximos años, siendo el 2027 la fecha límite.

Con la presentación de esta demanda, la FPTM se suma así a las iniciativas de la Plataforma en Defensa de Madrid Central, que también ha comenzado acciones judiciales en defensa de la salud y la calidad del aire de los madrileños. “No vamos a permanecer de brazos cruzados mientras el Consistorio nos trata como a ciudadanos de segunda”, concluye Sanz.