“No se trata de una cancelación voluntaria, como muchas agencias, hoteles y compañías aéreas quieren hacer creer, sino una decisión motivada por la presencia de la enfermedad y la incertidumbre sobre las consecuencias personales y económicas que puede tener un contagio”, afirma la OCU en un comunicado.

Por ello, muestra su rechazo a la nota emitida por el Ministerio de Consumo sobre los derechos de los consumidores cuyos viajes pueden verse afectados por el coronavirus porque el departamento dirigido por Alberto Garzón no considera que la amenaza del coronavirus sea una causa de fuerza mayor que permita a los consumidores cancelar los viajes contratados sin afrontar las consecuencias económicas.

Para la OCU, el Ministerio olvida señalar que la existencia del coronavirus no se somete a la voluntad de las partes y es externa al contrato, características determinantes de la fuerza mayor.

Además, apunta que resulta una paradoja que a muchos consumidores se les prohíba viajar en las empresas en las que trabajan y, por el contrario, se vean obligados a cumplir sus contratos y realizar un viaje de ocio que en realidad no desean hacer, por no perder en muchos casos la totalidad del dinero pagado por adelantado.

Por todo ello, pide al Ministerio que revise su decisión, considere la situación actual como causa de fuerza mayor e inste, con los mecanismos legales a su alcance, a las empresas a que permitan cancelar los viajes contratados sin hacer frente a las penalizaciones de los contratos.

De no producirse esta circunstancia OCU considera que se está produciendo un perjuicio grave a los consumidores, que se ven obligados a asumir las consecuencias económicas de una situación de la que no son responsables.

En este sentido, OCU recomienda a todos aquellos consumidores que se ven obligados a cancelar un viaje de ocio a cualquier zona, por motivo del coronavirus, que indiquen claramente que la cancelación se debe a circunstancias de fuerza mayor y guarden toda la documentación donde se recoja la negativa a proceder a la cancelación y los gastos ocasionados para, en el futuro, y a la vista de la evolución de los acontecimientos, poder reclamar judicialmente si es necesario la devolución de estas cantidades.