En una rueda de prensa, la portavoz de AI Europa, María Serrano, contabilizó un total de 158 procesos abiertos contra activistas de 16 organizaciones en toda la UE. Trece de ellos en Sicilia. "Muchos han sido desestimados, pero en Suiza y en Francia sí se han producido condenas", declaró.

A todo ello hay que sumar "el acoso, los insultos y en general el hostigamiento" contra estos activistas, denunció Serrano, que hoy participó en la presentación del informe, celebrada de forma simultánea en Madrid, Roma, París y Berna.

Bajo el título 'Punishing compassion: solidarity on trial in Fortress Europe' (Castigo a la compasión: la solidaridad a juicio en la Fortaleza Europa), este informe afirma que a defensores de derechos humanos y a personas que "solo ofrecían ayuda" se les han aplicado leyes pensadas para luchar contra el contrabando, el terrorismo y el tráfico de personas", y en base a ellas "se enfrentan a multas y penas de cárcel por actos tan terribles como proporcionar ropa de abrigo, ofrecer refugio o salvar vidas en el mar".

Documenta cómo las policías y las fiscalías nacionales "hacen un uso indebido de leyes contra el contrabando y medidas antiterroristas para criminalizar a los activistas que ayudan a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes".

En España, critica el "uso indebido de normas administrativas por parte de las autoridades para restringir operaciones de salvamento de barcos de ONG, a las que han amenazado con multas de hasta 901.000 euros".

Recoge los casos del 'Open Arms' y del 'Aita Mari', que llegaron a estar bloqueados en puerto hasta cinco meses. "Nos hemos enfrentado a múltiples obstáculos administrativos", explicó Anabel Montes, jefa de Misión del 'Open Arms'.

ACUSADOS POR AYUDAR

Asimismo, se refiere a las "amenazas" sufridas por parte de los "autodenominados guardacostas libios" y todo el proceso judicial abierto contra ella y otros compañeros por la "introducción ilegal de personas en Italia" a raíz de un desembarco de más de 150 personas rescatadas en el mar.

En la rueda de prensa también participó Martine Landri, observadora de AI Francia, acusada por ayudar a cuatro menores víctimas de una devolución sumaria a Italia por parte de la policía francesa.

Muchos de los casos descritos en el informe de Amnistía Internacional giran en torno al cargo de “facilitar la entrada irregular”, que se ha utilizado contra personas y ONG por una amplia variedad de actos de solidaridad y humanidad, según aseguraron.

Relataron que el guía francés de montaña Pierre Mumber fue llevado a juicio acusado de “facilitar la entrada irregular” en Francia, "por haber ofrecido té caliente y ropa de abrigo a cuatro solicitantes de asilo de África Occidental". Al final fue absuelto en apelación. Sostienen que en Suiza se ha procesado y condenado a varias personas, entre ellas un pastor, simplemente por proporcionar refugio a extranjeros.

Desde agosto de 2017, las autoridades italianas han retenido en múltiples ocasiones barcos de ONG, con la consiguiente reducción del número de buques disponibles para operaciones de salvamento en el mar. Por todo ello, Amnistía pidió a la UE y a sus Estados miembros que reformen las leyes nacionales y europeas sobre facilitación de la entrada, tránsito y estancia irregulares, para incluir en la definición del delito "la búsqueda de beneficio material". De este modo, "se impediría el uso indebido de la legislación para castigar actos de solidaridad y humanidad", afirmó Serrano.