En la presentación del vigésimo dictamen del Observatorio de la Dependencia celebrada hoy en Madrid, Ramírez señaló que si los PGE se aprueban en septiembre u octubre, "el Gobierno no tendrá tiempo material de gestionar" dicho aumento de fondos, y no podrá ejecutarlo.

Se corre el riesgo de que las autonomías tengan que devolver este incremento, prosiguió, y el número de beneficiarios seguirá estancado. "Incluso podría reducirse".

Según Ramírez, la inversión en el SAAD cayó en 459 millones de euros en 2019, fruto de los recortes de 2012, "que aún no se han revertido". En 2018 fueron 415 millones, y desde 2012 se han perdido 800 millones de forma acumulada, según afirmó.

De hecho, el acuerdo de gobierno entre PSOE y UP preveía un incremento de 515 millones para la atención de la dependencia, a fin de reducir la lista de espera un 80%.

Por ello, Ramírez pidió al nuevo Gobierno "dejarse de discurso progresista, cuando seguimos con los presupuestos de Montoro. Obras son amores y no buenas razones", subrayó.

En esta línea, reclamó al Gobierno que reúna de forma urgente a los consejeros autonómicos y apruebe "un real decreto para incrementar el nivel mínimo del SAAD (aquel que depende del Estado). "Esto lo pueden hacer en menos de un mes", declaró.

Denunció que en 2019 se produjo "un frenazo" en la reducción de la lista de espera (el primero desde 2015, cuando se incorporaron al sistema los dependientes de grado 1). "De seguir igual, 2020 mantendrá esta tendencia", advirtió. "Se necesitan esos 500 millones para incorporar a 80.000 nuevos beneficiarios y crear en torno a 17.000 nuevos puestos de trabajo".