Según informa Transportes, esta modificación tiene por objeto regular la instalación junto a las carreteras estatales de puntos de recarga eléctrica, que son un nuevo tipo de instalaciones con especiales singularidades.

Se trata de promover el despliegue por operadores privados de una red de recarga de vehículos eléctricos que permita avanzar hacia el objetivo de minimizar la dependencia de los transportes respecto del petróleo y mitigar el impacto medioambiental del transporte.

Este despliegue de puntos de recarga eléctrica se enmarca dentro de la orientación general que, desde la Unión Europea y el Gobierno de España, se está planteando para minimizar la dependencia de los transportes respecto del petróleo y mitigar el impacto medioambiental del transporte.

La consideración normativa de las instalaciones de recarga eléctrica debe partir de la circunstancia de que se trata de instalaciones con ciertas peculiaridades específicas, derivadas fundamentalmente del tiempo de recarga, considerablemente superior, en las condiciones actuales de la técnica, al de repostaje en una estación de servicio, que se traduce en un menor tráfico generado por cada punto de recarga en comparación con cada punto de suministro de carburante.

Además, hay que tener en cuenta la necesidad de disponer de plazas de aparcamiento específicas para estacionar el vehículo durante el tiempo que dura la carga y que la solicitud de instalación de los puntos de recarga eléctrica vaya generalmente asociada a instalaciones de servicios ya existentes junto a la carretera, como restaurantes, cafeterías u hoteles.