Más de 300 personas han sido asesinadas; muchas más fueron amenazadas y decenas de miles de migrantes fueron detenidos de forma ilegal o expulsados a terceros países. Según esta investigación, Colombia volvió a ser el país más letal para los defensores de los derechos humanos, con al menos 106 homicidios, en su mayoría de líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos.

El informe también subraya "la creciente represión" por parte de los Estados ante la ola de protestas desatada en América Latina. Más de 200 personas murieron violentamente en el contexto de protestas contra distintos gobiernos en el continente americano: 83 en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, ocho en Ecuador y seis en Honduras.

Amnistía tildó de "especialmente severa" la represión en Venezuela, y aseguró que las fuerzas de seguridad del Gobierno de Nicolás Maduro cometieron "crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad".

En Chile, el ejército y la policía también hirieron deliberadamente a manifestantes para desalentar la disidencia; mataron al menos a cuatro personas e hirieron de gravedad a miles más. Por su parte, México fue uno de los países más mortíferos para los periodistas, con al menos 10 muertes violentas en 2019.

El país también sufrió una cifra récord de homicidios, pero continuó con "las fallidas estrategias de seguridad utilizadas en el pasado", creó una Guardia Nacional militarizada y aprobó "una alarmante" ley sobre el uso de la fuerza.

RESPUESTA ILEGAL A LOS MIGRANTES

El número de hombres, mujeres y niños que han huido de la crisis de derechos humanos en Venezuela en los últimos años ascendió a casi 4,8 millones, una cifra sin precedentes en el continente, segun la ONG. Perú, Ecuador y Chile respondieron con "nuevos y restrictivos requisitos de entrada" y con devoluciones ilícitas de venezolanos necesitados de protección internacional".

Más al norte, el Gobierno estadounidense hizo un uso indebido del sistema de justicia para acosar a quienes defendían los derechos de las personas migrantes, detuvo ilegalmente a menores que huían de situaciones de violencia e implantó nuevas medidas y políticas para atacar y restringir de forma masiva el acceso al asilo.

Las nuevas medidas incumplían "sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional", denunció Amnistía. Según afirma el trabajo, el Gobierno de Trump "ha obligado a decenas de miles de personas a esperar en peligrosas condiciones en México", bajo la engañosa política de “Protocolos de Protección a Migrantes”, también conocida como plan “Permanecer en México”.

Además, prosiguió, Estados Unidos está "introduciendo a la fuerza a un número cada vez mayor de solicitantes de asilo en programas secretos de deportación acelerada, que les privan de su derecho a asistencia letrada".

Finalmente, criticó la presión ejercida sobre países vecinos para que "violen el derecho a solicitar asilo", en referencia a la imposición por parte de EEUU de una serie de acuerdos de “tercer país seguro” a Guatemala, El Salvador y Honduras. "Les ha obligado a firmar unos acuerdos mal planteados y contrarios a los hechos comprobados", lamentó Amnistía.