Todos los senadores respaldaron la propuesta, salvo los dos representantes de Vox, que votaron en contra, y la de Teruel Existe, que se abstuvo. Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y por Fundación Cermi Mujeres, la iniciativa parlamentaria busca reformar el Código Penal para eliminar el párrafo concreto que despenaliza las esterilizaciones no consentidas en el caso de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Ahora puede iniciar su trámite parlamentario.

El senador de Cs Tomás Marcos manifestó que se trata de un "día histórico" y agradeció "su implicación a los hombres y mujeres con discapacidad que tanto han trabajado" en la promoción de esta iniciativa. En concreto, se refirió a Ana Peláez y a Mayte Gallego, ambas de Cermi Mujeres, y a Jesús Martín, de Cermi Estatal.

En la tribuna, una veintena de mujeres con discapacidad presenciaron el debate y recibieron con un sonoro aplauso la luz verde al trámite parlamentario. Concha Díaz, presidenta de Cermi Mujeres, y Alberto Durán, secretario general de Cermi, estaban entre ellos.

Según Marcos, esta propuesta busca "llevar el Código Penal al lugar donde ya están el sentido común y la sociedad civil", y subrayó "el miedo que hoy sienten muchas personas, sobre todo mujeres, con discapacidad a ser violentadas en su cuerpos y esterilizadas de forma forzosa".

"No hay razones de peso para mantener el artículo 156 del Código Penal", insistió, y rechazó los tres motivos que "frecuentemente se aducen para justificar esta práctica". "No evita la violencia sexual", continuó Marcos, que resaltó que, de hecho, "hace más vulnerables a las mujeres a sufrir abusos y enfermedades de transmisión sexual".

Además, criticó su empleo como "método para controlar la natalidad, ya que dijo que esconde "una motivación de tipo eugenésico contra las personas con discapacidad". Por último, calificó de "hiriente" el argumento que justifica esta práctica como medio "para detener el ciclo menstrual". "Es deshumanizar a las personas".

Según Marcos, la redacción actual del Código Penal atenta contra la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y contra la propia legislación española. "Vulnera el derecho a la salud, a fundar una familia, a decidir el número de hijos que se desean tener, a la integridad física, etc".

Además, pidió informar "a los profesionales sanitarios sobre los efectos negativos" de esta práctica y reivindicó el derecho de las personas con discapacidad a "recibir los apoyos necesarios para tomar sus decisiones de forma libre e informada", tal y como también recoge la ley.

VOX SE QUEDA SOLO

La iniciativa recibió el voto favorable de los grupos Socialista, Popular, Izquierda Confederal (Más Madrid, Adelante Andalucía, En Comú Podem, Compromís, Geroa Bai y Més per Mallorca), Esquerra Republicana-EH Bildu, el Nacionalista (Junts per Catalunya, Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario); Vasco (EAG-PNV), y la práctica mayoría del Mixto en el Senado.

Solo se manifestaron en contra los senadores de Vox. Su portavoz, Jacobo González-Robatto, calificó la propuesta de "hipócrita", ya que "el grupo que habla de humanidad está a favor de la ley del aborto, que acaba con la vida de miles de bebés con discapacidad. Estos también necesitan ser defendidos, y por ello votaremos en contra". En su opinión, la esterilización forzosa de personas con discapacidad "no es una práctica extendida y se realiza con control judicial y con garantías".

En cambio, la portavoz socialista, Patricia Abascal, destacó que en 2016 hubo 140 casos, y entre 2005 y 2013 un total de 805. "A algunos les pueden parecer pocos pero es una cuestión de derechos humanos que nunca deberíamos permitir". A su juicio, "hoy en día existen suficientes métodos anticonceptivos para que las personas con discapacidad, debidamente informadas y acompañadas, decidan libremente sobre su vida".

También la senadora del PP Amya Landín destacó que la ley mejorará las condiciones de vida de las personas con discapacidad y agradeció su presencia a las representantes de entidades como el Grupo Social ONCE ONCE, Cermi, Plena Inclusión y Aspace.

Por su parte, el senador de Geroa Bai Koldo Martínez hizo hincapié "en la discriminación" que el artículo 165 del Código Penal supone para las personas con discapacidad, exigió "más servicios y recursos" para apoyar a estas personas y a sus familias y cuidadores.

El representante de CiU Josep María Cervera señaló la necesidad de "proporcionar las herramientas necesarias" para que estas personas decidan libremente, "con educación e información", y el de Esquerra Republicana, Josep Rufà instó a "dejarse de excusas" y a aprobar esta reforma del Código Penal.

Rosa Peral, del PNV, y Alberto Prudencio, de UPN, apelaron al diálogo, con el objetivo de que la iniciativa salga adelante "prácticamente por consenso, ya que "es una demanda del Cermi y de la inmensa mayoría de las organizaciones del sector".