Así se pronunció durante unas jornadas sobre financiación sostenible organizadas por el Club Español de la Energía con el patrocinio de Repsol, donde reivindicó que “son los gobiernos quienes están legitimados y mejor preparados para liderar el proceso”, aunque contribuyan también otras autoridades como las monetarias.

Durante su intervención indicó que el origen de los problemas asociado al cambio climático es que los agentes económicos “estarían desarrollando su actividad teniendo en cuenta exclusivamente su beneficio o coste privado, pero obviando el coste social (en este caso medioambiental) que generan”, con el resultado de que “la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero sería superior al óptimo social”.

Para equilibrarlo abogó por utilizar la política fiscal como una herramienta “preponderante”, “tanto para desincentivar las actividades más perjudiciales para el medioambiente como para impulsar las inversiones que serán necesarias para desarrollar tecnologías más limpias y, también, para paliar los costes sociales de la transición”.

Hernández de Cos advirtió que el problema climático tiene una dimensión “genuinamente global” por lo que resulta igualmente importante abordarla con una adecuada coordinación de las políticas a escala internacional a fin de “ser efectivos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”, “reducir la magnitud de los costes de la transición” y evitar “el riesgo de una “fuga de carbono” significativa hacia aquellos países que decidan adoptar una senda de transición más paulatina”.

Sin una coordinación suficiente a escala internacional alertó de que puede producirse un riesgo de medidas unilaterales que “acaben dificultando el comercio y el funcionamiento de la economía global, con la consiguiente pérdida de bienestar a nivel global”.

Si bien Hernández de Cos fue contundente al indicar que el liderazgo de este proceso compete a los gobiernos y parlamentos, indicó que además de una coordinación internacional resultará “fundamental alcanzar un alto grado de coordinación entre las distintas políticas económicas disponibles”. “Es difícil que puedan acometerse las inversiones que son necesarias para abordar la transformación tecnológica que requiere nuestra economía si las condiciones financieras no son favorables o el entorno regulatorio penaliza la competencia o la innovación”, afirmó.

Así indicó que el propio Banco Central Europeo (BCE) ha decidido incluir el riesgo medioambiental y la transición hacia una economía sostenible dentro de la revisión abierta sobre su futura política monetaria e incluso lo incorporará en los estrés test que practique a la banca.

Según el gobernador del Banco de España, los supervisores bancarios pueden desempeñar un papel destacado en este ámbito con una labor de “concienciación y de estímulo” para que las entidades financieras incorporen los riesgos climáticos en su análisis, pero descartó que deban ir más allá.

EL ROL DE LA BANCA Y EL SUPERVISOR

“En mi opinión, la regulación financiera ni puede ni debe liderar este proceso, ni mucho menos sustituir la potencial inacción de otros actores; su papel debe limitarse a acompañar las decisiones que se tomen en otras instancias, que, como ya he comentado, cuentan con instrumentos mucho más adecuados para esos fines”, concluyó.

Precisamente durante su intervención, Hernández de Cos reivindicó el rol que deberá jugar la banca con la reasignación de los fondos y las ingentes inversiones que va a requerir la transición. A título de ejemplo recordó que el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo presentado por la Comisión Europea estima que supondrá la movilización de un billón de euros de inversiones sostenibles en la próxima década.

Durante su intervención refirió que algunos de esos fondos se levantarán vía emisiones, alertando de la incapacidad de familias y pymes para acceder a tal recurso: “Para las pymes o para los hogares resulta inimaginable en estos momentos recurrir a emisiones de bonos para realizar las inversiones que les permitan hacer la transición hacia una economía más eficiente y menos basada en la emisión de gases de efecto invernadero”.

Para que se produzca tal transición consideró, por tanto, “necesario” que se “desarrolle también un mercado de créditos verdes”, algo que estimó de especial importancia en España donde la banca intermedia el grueso de los flujos entre ahorradores e inversores.

“Para ello, resulta crucial que los bancos integren este tipo de consideraciones en sus análisis”, demandó, convencido de que solo así las entidades podrán incorporar a los precios de sus productos y servicios los riesgos asociados al cambio climático y contribuir a la vez “a dinamizar el proceso”.