Por otra parte, el juzgado de Instrucción número 47 tramitará la denuncia presentada por el Partido Popular, también por supuesta prevaricación, una vez que el juzgado de Instrucción número 7 aceptara ayer las medidas cautelares solicitadas por la formación política y remitiera las diligencias al Decanato para su reparto. Ambos juzgados están a la espera de recibir la documentación.

Precisamente fue el juzgado número 7 el que ordenó que las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron el encuentro secreto entre el ministro de Transportes José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en la noche del 19 al 20 de enero en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, no se borren y queden en custodia y a disposición judicial.

La titular del juzgado, Susana Trujillano, acordó esta medida cautelar instada por el Partido Popular estando en funciones de guardia y con el informe favorable de la Fiscalía, aunque no será esta jueza la que investigue la causa.

Una vez atendida la urgencia, ha enviado al Decanato las diligencias que ha abierto y han recaído en el Juzgado de Instrucción número 47. En paralelo, la querella que interpuso el Partido Laócrata el pasado 6 de febrero por este mismo asunto será instruida por el juzgado número 31.

Los populares habían recurrido primero a la Fiscalía General del Estado para pedir que no se destruyesen esas grabaciones, pero ante la inminencia de su borrado por el cumplimiento de los plazos de conservación, acudieron a los Juzgados de Plaza de Castilla, donde finalmente se dictaron medidas cautelares.