Se trata de la principal conclusión de la encuesta elaborada a escala mundial ‘Marsh Microsoft Global Cyber Risk Perception Survey’ presentada esta mañana en Madrid y que aborda la manera que tienen las organizaciones para gestionar las ciberamenazas.

Otro 59% de los entrevistados sitúa en segundo lugar de sus preocupaciones las incertidumbres económicas, a un 57% le inquietan potenciales daños reputacionales o en su marca, a un 55% el riesgo legislativo y por debajo se sitúan las preocupaciones por daños personales, en la cadena de producción, por desastres naturales o actividades criminales y fraude.

Según el estudio, la concienciación empresarial ha aumentado en los dos últimos años motivada por la frecuencia y las consecuencias de incidentes recientes como el ataque NotPetya que tuvo lugar en el año 2017.

Sin embargo, solo el 5% de las organizaciones afirma haber realizado un seguimiento continuo del ciclo de vida de las nuevas tecnologías implantadas en la compañía. Son precisamente estas empresas las que después afirman tener mayor confianza en su capacidad de gestionar los posibles ataques cibernéticos.

Se trata de un tipo de riesgo cuya gestión recae con frecuencia en los departamentos de tecnología y seguridad (así lo indican el 88% de los encuetados), en el Comité Ejecutivo (65%) y en los gerentes de riesgos (49%).

A la hora de hacer frente a este tipo de amenazas un 47% de las organizaciones entrevistadas asegura tener contratada alguna póliza de seguros para cubrir el ciberriesgo frente al 34% que lo reconocía en el año 2017.

La incertidumbre sobre si estos seguros pueden cubrir las necesidades de las empresas se ha reducido del 44% al 31% en el mismo periodo analizado por el estudio.

A la hora de contar con este tipo de ‘blindaje’ vía aseguramiento son las grandes empresas las que más contratan pólizas para cubrir el ciberriesgo. En las corporaciones con facturaciones superiores a los mil millones de dólares aseguran contar con pólizas un 57 % de las empresas, frente al 36% que lo tiene entre compañías con una facturación o cifra de negocio inferior a los 100 millones.