Frente a una tasa digital “unilateral”, la asociación apuesta por una regulación “aceptada y consensuada a escala global”. En su contra alega que la adopción unilateral de un impuesto así ya ha sido cuestionada por organismos internacionales como la Comisión Europea o la OCDE, ya que a su juicio fracciona el Mercado Único europeo y el Mercado Único Digital.

Adigital “suscribe” la “necesidad” de abordar un debate dirigido “a la adecuación del marco regulatorio a la economía digital en particular, y también en el ámbito impositivo”, pero desde una óptica internacional “dado el carácter global y digitalizado de la economía, y nunca de manera unilateral como la pretendida por el Consejo de Ministros para nuestro país”.

Según indica, las medidas fiscales de este tipo adoptadas en el pasado “han demostrado generar una fuerte inseguridad jurídica para ciudadanos, empresas e inversores”.

La simple solución transitoria sería a su juicio también “un claro obstáculo para la participación del país en el debate internacional, dejando a España en una situación de excepcionalidad hasta el necesario acuerdo a nivel internacional”.

Por otro lado, Adigital cuestiona su capacidad recaudatoria. Frente a la expectativa de ingresar 1.200 millones de euros del Gobierno, invoca un informe de PwC donde alerta de un efecto negativo del impuesto sobre los consumidores valorado en hasta 665 millones, así como de su efecto a largo plazo sobre la economía.

Conforme a dicho estudio y según advierte Adigital, las compañías españolas usuarias de los servicios digitales gravados “verían reducidos sus beneficios entre 450 y 562 millones de euros”.

A su juicio, aquí “sólo caben soluciones globales” y en apoyo a su demanda recuerda que la Comisión Europea ha avisado de que retomará el proyecto de impuesto digital europeo en caso de que no haya una solución de consenso en el marco de la OCDE para 2020.