Almeida se refirió a esta cuestión en declaraciones a los periodistas antes de asistir esta mañana a la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Antes de este acto, el alcalde fue preguntado por el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda llevar a los tribunales el 'pin parental' de Murcia, gracias al cual los padres pueden vetar que se imparta a sus hijos determinados contenidos extraescolares, como talleres sobre sexualidad.

El primer edil madrileño dijo que no pide al Ejecutivo de Murcia que retire este 'pin parental' porque esta medida es fruto del acuerdo de gobierno entre PP, Ciudadanos y Vox y busca garantizar “la libertad de educación de los padres”. Añadió que la ofensiva del gabinete Sánchez contra esta medida es una “cortina de humo” para tapar diversas cuestiones, como la propuesta de que la exministra de Justicia Dolores Delgado ocupe la Fiscalía General del Estado.

“DESDE HACE OCHO MESES”

Además, resaltó que el 'pin parental' de Murcia llevaba funcionando "desde hace ocho meses”, sin que La Moncloa dijera nada y es una medida “que se refiere únicamente a actividades extracurriculares y no aactividades de carácter curricular”.

Sin embargo, Almeida reclamó a Vox que no ponga el 'pin parental' como condición indispensable para apoyar los presupuestos de la Comunidad de Madrid, porque la libertad de educación está garantizada “desde hace mucho tiempo”.

Añadió que el partido de Santiago Abascal debe “mirar por el interés general y no por el interés particular aquí en la Comunidad de Madrid”, ya que no tener unas cuentas autonómicas crea “inestabilidad”. Destacó que a esto se suma las medidas del Gobierno central contra el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso.

Sobre la posibilidad de que el gabinete de Sánchez exija a la Iglesia católica el pago del IBI, el alcalde de la capital señaló que está “a favor de que absolutamente todos tengan el mismo tratamiento fiscal”. Explicó, en este sentido, que si se demanda a la Iglesia pagar el IBI también deberá pedírsele a “numerosísimos colectivos, asociaciones y entidades”, ya que no sería aceptable que mediante un “ejercicio de populismo” se reclamase este impuesto a las autoridades católicas.