Pagazaurtundua presenta esta pregunta hoy después de que el Consell de la Generalitat aprobara el proyecto de ley de la Función Pública Valenciana, que exigirá al empleado público que quiera acceder a la Administración el requisito de capacitación lingüística del valenciano.

La eurodiputada incidirá en que la libre circulación de trabajadores es un “principio fundamental” establecido en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por lo que es una “obligación” de la Comisión “preservarla”.

Partiendo de esta premisa, Pagazaurtundua insta a la Comisión a evitar que la Generalitat Valenciana impongan el “sesgo lingüístico” en sus convocatorias de empleo público, si ello afecta a la libre circulación de trabajadores en el espacio económico europeo.

También indica que la Justicia prohíbe la “falta de proporcionalidad” entre esa exigencia y la función o puesto de trabajo a desempeñar.

“Estas prácticas convierten el sesgo lingüístico en una herramienta de discriminación y exclusión en manos de administraciones públicas que afecta, no sólo a los ciudadanos españoles que no hablan valenciano, sino también a los ciudadanos europeos que no pueden circular libremente dentro de la UE porque no pueden optar a esos puestos públicos”, según Pagazaurtundua.