La sentencia que da la razón a la empresa puede ser recurrida al Tribunal Supremo. La demanda del sindicato se planteó una vez que Galp hizo cambios al implantarse el registro de horas aprobada por el Gobierno el pasado año.

El sindicato consideraba que la compañía actuaba de manera “fraudulenta" al evitar la aplicación del artículo 41.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre las condiciones laborales. Sin embargo, la Audiencia Nacional considera que para que existiera un cambio de las condiciones laborales debería haber existido una "previa condición de trabajo" en el contrato o en un acuerdo colectivo no estatutario.