Aunque el departamento que dirige José Manuel Rodríguez Uribes asegura no tener constancia “en absoluto” de que se hayan producido destrucciones no regladas y arbitrarias de documentación relativa al exilio español -tal y como publicó este fin de semana el diario 'ABC'-, sí ha pedido al Servicio Interministerial de los Archivos de Francia que aclare el asunto.

El responsable de la cooperación archivística internacional ha informado ya al Gobierno español de que el caso está siendo objeto de investigación por su parte, de manera que han solicitado un informe oficial sobre el asunto.

“Debe subrayarse que, desde hace años, existe una colaboración estrecha entre los ministerios de Cultura de ambos países en materia de patrimonio documental de interés para Francia y España”, destacó el Ministerio español en un comunicado.

Según 'ABC' el Archivo Departamental de Haute-Garonne, siguiendo la normativa vigente en Francia, ha destruido de forma masiva y aleatoria las fichas policiales y judiciales de los españoles que se refugiaron en Toulouse en 1939, borrando así parte los testimonios de sufrimiento y persecución de los exiliados españoles.

La legislación francesa en materia de Protección de Datos personales establece un plazo de 100 años para la difusión de los documentos personales con información especialmente sensible, como es la contenida en los expedientes policiales y judiciales a los que se hace referencia.