Un portavoz de Deloitte aseguró a Servimedia que en el mismo momento en que se pusieron de manifiesto los problemas de liquidez de Abengoa, en septiembre 2015, y antes de la solicitud de pre-concurso por parte del consejo de administración, “incluimos una incertidumbre material de viabilidad en nuestro informe de auditoría de las cuentas semestrales de 2015”.

Recalcó, además, que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) “nunca ha cuestionado la auditoría de las cuentas de 2014". "El expediente del ICAC se refiere a falta de evidencia de documentación en papeles de trabajo, pero no contempla la necesidad de realizar ningún ajuste a las cuentas anuales de 2014”, señaló.

De hecho, esta institución reguladora “revisó el trabajo de auditoría tanto de las cuentas anuales consolidadas como de las individuales sin encontrar más deficiencias”. Deloitte destaca que la Junta de Supervisión Contable estadounidense (PCAOB), que realizó una revisión paralela sobre los trabajos de auditoría de las cuentas de Abengoa de 2014 “no puso de manifiesto ninguna deficiencia, ni siquiera formal ni tampoco en papeles de trabajo”.

Además, la compañía auditora recordó que el expediente del ICAC está recurrido ante la Audiencia Nacional y que han aportado dos pruebas periciales que soportan el trabajo del auditor en las áreas con deficiencias detectadas, por lo que sostienen que “todo nuestro trabajo se realizó conforme a la normativa y confiamos en que se resuelva favorablemente”.

QUERELLA

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una ampliación de la querella contra Abengoa y Deloitte por un presunto delito de estafa de inversores en la causa en la que investiga la supuesta alteración contable de las cuentas de la multinacional española en los ejercicios 2014 a 2016 con efectos perjudiciales para sus socios y accionistas.

En un auto, el magistrado admite la solicitud formulada por la plataforma de Perjudicados de Abengoa de ampliar la querella contra las dos entidades mencionadas, así como contra las consejeras y miembros de la Comisión de Auditoría Mercedes Gracia y Alicia Velarde, y contra el socio responsable de la auditora Manuel Arranz, en estos tres casos tanto por el delito de estafa de inversores como por el de falsedad contable.

La querella que dio origen a este procedimiento se admitió en febrero de 2017 contra el expresidente de la compañía Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega. En ella, el juez investiga si las óptimas cifras que reflejaban los estados financieros de Abengoa y su idílica situación patrimonial y financiera difundida por sus administradores con anterioridad a su colapso financiero (que en noviembre de 2015 les llevó a presentar la solicitud de pre-concurso) eran o no contrarias a la realidad financiera y económica de la compañía.

En su informe previo sobre la admisión de la querella, la Fiscalía consideró que existen bastantes indicios como para considerar en este estado de la causa y sin perjuicio de ulterior calificación, la posible alteración contable con efectos perjudiciales para sus socios, accionistas y/o terceros de las cuentas correspondientes a, al menos, los ejercicios 2014 a 2016 de las cuentas anuales de Abengoa, S.A. y determinadas sociedades dependientes (Abengoa Solar, S.A. y Abengoa Bioenergía, S.A.).

Añadía que “a tal efecto, y a pesar de las dificultades y obstáculos que se han ido planteando para recabar la documentación que parece apuntar en la señalada dirección, existen datos indiciarios reflejados en el informe pericial aportado por la parte querellante de los que se colige la sistemática ocultación de sustanciales pérdidas (deterioro) de sus activos así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas que han determinado una notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad”.

El juez se basa en el informe aportado por la Plataforma de Afectados elaborado por el economista y auditor de cuentas Juan José Silva Clemente en el que se refleja la “sistemática ocultación de sustanciales pérdidas (deterioros) de los activos, así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas que han determinado una notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera de la entidad Abengoa”.

Igualmente se recoge la resolución del ICAC de 20 de febrero de 2018 que sancionó a la auditora Deloitte y su socio Manuel Arranz y que puso de relieve la existencia de irregularidades que afectaron de manera incontestable de la imagen fiel que Abengoa trasladaba al mercado en sus cuentas del ejercicio 2014 “con el aval de la coquerellada Deloitte”. También hace referencia el magistrado a los informes aportados por la Abogacía del Estado en un procedimiento arbitral instado ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo.

Una vez examinados los documentos y la ampliación de la querella, el magistrado considera que a lo largo de la instrucción “se han podido concitar elementos de juicio bastantes como para considerar en este estado de la causa y sin perjuicio de ulterior calificación, la posible alteración contable con efectos perjudiciales para sus socios, accionistas y/o terceros de las cuentas correspondientes, al menos, a los ejercicios 2014 a 2016 de las cuentas anuales de Abengoa, S.A. y determinadas sociedades dependientes (Abengoa Solar, S.A. y Abengoa Bioenergía, S.A.)”.

En línea con el querellante, el juez argumenta que no faltan razones frente a Abengoa, Deloitte y los tres directivos como supuestos responsables de la grave alteración y presunta falsedad de la realidad económica financiera y patrimonial que se ocultó a los miles de inversores que decidieron invertir sus ahorros en la compañía.