Esta actuación, que se llevará a cabo a través del Área de Medio Ambiente y Movilidad, del que es responsable Borja Carabante, "forma parte del firme compromiso del actual equipo de Gobierno en defender el patrimonio público municipal".

Actualmente existen 271 aparcamientos públicos de residentes, con 94.220 titulares de con derecho a uso de plaza. De los 271, existen 236 que cuentan con 10.588 demandantes en lista de espera a los que el Ayuntamiento de la capital quiere dar la oportunidad de optar a una plaza con el precio público.

Según informó, la administración ha recibido denuncias vecinales alertando sobre el realquiler de estas plazas, un uso fraudulento de las PAR, pero ante la falta de pruebas no se ha podido iniciar ninguna actuación contra los infractores. Por esta razón, en las próximas semanas comenzarán las inspecciones de los funcionarios del Área de Medio Ambiente y Movilidad en los aparcamientos muncipales.

De momento, se han iniciado reuniones con las empresas concesionarias y comunidades de usuarios de plazas de residentes con la finalidad de que tomen conciencia de que tienen la obligación de denunciar dichas prácticas. Se les ha solicitado su implicación para solucionar el problema.

Por un lado se les ha pedido una relación de las matrículas autorizadas para poder comprobar si se trata de los titulares y si cumplen los requisitos establecidos. Además, el Ayuntamiento ha recomendado a los concesionarios que actualicen sus sistemas informáticos instalando lectores de matrículas en los accesos al parking, "al igual que se ha hecho en Serrano con resultados satisfactorios. Muchos de ellos ya lo tiene operativo en la parte de rotación, pero no en la de residentes", indica el Consistorio.

En una segunda fase se colocarán carteles informativos avisando a los usuarios de las inspecciones y de las consecuencias jurídicas de los incumplimientos. Asimismo, se realizarán visitas a los aparcamientos y se levantarán actas de inspección.

En los casos en que los titulares incumplan sus obligaciones, se iniciarán los correspondientes expedientes administrativos que culminarán con la extinción del derecho de uso de las plazas sin derecho a la cantidad aportada para los titulares, y para los arrendatarios irregulares, expedientes sancionadores una cuantía que puede elevarse hasta los 100.000 euros.