Los abogados de la familia sostienen que la propiedad de la finca se ha mantenido hasta hoy de "buena fe" y "con justo título". Han esgrimido, además, que el mantenimiento del edificio y las necesarias inversiones para su mantenimiento han corrido a cargo de los dueños, sin aportación alguna de dinero público.

La Abogacía del Estado y la familia Franco han llegado a esta audiencia previa sin acuerdo, lo que significa que el juicio se celebrará en la primera quincena de julio y a lo largo de toda una semana.

La audiencia ha durado más de tres horas en las que la Abogacía del Estado y la defensa de los Franco, la Xunta y los Ayuntamientos de A Coruña y Sada presentaron sus alegaciones. La jueza tampoco ha admitido el argumento de la Abogacía en relación al dinero que habrían aportado distintas administraciones para el mantenimiento del pazo.

La defensa legal del Estado sostiene que un documento del año 1938 demuestra que la compra del Pazo de Meirás fuera "simulada y fraudulenta", mientras que la familia insiste en la legalidad de la transacción. En la actualidad, los Franco tienen a la venta la propiedad por ocho millones de euros.