Así lo expuso, durante el acto de inauguración de este evento, la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Asunción Montero, quien agregó que este informe responde a la “demanda de transparencia” de la ciudadanía en torno al sector y al “compromiso” de conseguir el “reconocimiento” del mismo.

Una “radiografía” de la situación actual de las ONG en España que, a su juicio y mediante un análisis cuantitativo, también “avanza” los retos a los que se enfrentan un sector cuya actividad representó el 1,45% del PIB en el año 2018 y que está “diversificando” sus fuentes de financiación debido a la caída de los ingresos procedentes del sector público. Además, destacó que se trata de un sector “dinámico” con la creación de nuevas entidades en la última década que se adaptan “con facilidad” a las nuevas necesidades.

Por otra parte, el informe refleja una significativa polarización del sector en cuanto a tamaño de entidades y que los porcentajes de adhesión a redes y plataformas, que antes de 2019 superaban el 80%, se han reducido a casi el 65%. La “explicación” a este descenso puede estar, a juicio de POAS, en la intensa creación de entidades de los últimos años “para dar respuesta a necesidades muy concretas”.

Montero precisó que las personas que lo integran representan el 3% del volumen total de asalariados de la EPA y disfrutan de un empleo “muy cualificado” ya que el 74% de sus trabajadores cuenta con estudios superiores. En el sector colaboran, además, más de un millón de voluntarios, unas cifras que, según Montero, lo “sitúan” como “eje transversal de los sistemas públicos de bienestar social” cuya “misión” es la “defensa” de los derechos sociales.

En el acto de inauguración de la jornada también estuvo presente el director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada, quien recordó que hay “factores que hacen aumentar la pobreza y exclusión social” como vivir en un hogar monomarental o monoparental, tener hijos, ser menor de 29 o mayor de 65 años, ser mujer o persona con discapacidad y puntualizó que, en función del “código postal, nuestra pobreza y exclusión será bien diferente”.

Celada hizo hincapié en que en España viven 12,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión y que la situación es “más preocupante” en el caso de las personas con discapacidad, ya que una de cada tres está en riesgo de pobreza, cifra que representa un 28% más que en el caso de la población sin discapacidad.

El responsable de Políticas de Discapacidad reconoció que la “continuidad” de las políticas públicas en este ámbito “se hace difícil cuando, prácticamente, ha habido un ministro responsable de lo social por año”. “Espero y confío en que este gobierno atienda las necesidades del sector”, admitió y demandó una “respuesta política del gobierno en temas sociales" y que ponga "solución a ese gran problema de la pobreza y la exclusión social”.

Finalmente, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, advirtió de que en los últimos años se ha invertido “poco” en política social para atender a las personas más vulnerables, para lo cual, dijo, “hay que partir de un buen diagnóstico” en una sociedad con una “falta de igualdad terrible”. “O el tercer sector hace una apuesta seria por defender los derechos sociales, o deja de ser tercer sector”, sentenció.