Así lo expuso el secretario general de la FeSP de UGT, Julio Lacuerda, en una rueda de prensa para hacer balance de los acuerdos alcanzados con el Gobierno para el periodo 2017-2020 y presentar sus propuestas en materia de empleo, salarios y derechos de los empleados públicos para los próximos años.

El decreto aprobado recientemente por el Gobierno para subir los salarios del colectivo en un 2% fijo para este año, dando así cumplimiento a lo acordado con el Ejecutivo del PP, “genera tranquilidad y seguridad jurídica”, según el sindicato.

Pero dicho acuerdo gubernamental finaliza su vigencia en este ejercicio y UGT propondrá un nuevo pacto “para la legislatura” en el que se garantice el poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos y se pueda recuperar lo perdido elevándolos por encima del IPC real.

Lacuerda indicó que, con el incremento salarial fijo de 2020, se habrá recuperado más del 4% del poder adquisitivo perdido, puesto que la inflación se ha ido situando por debajo de las subidas pactadas.

Recordó que el incremento variable que se añade al fijo, condicionado a la evolución del PIB y al cumplimiento de los objetivos de déficit público, podría añadir un incremento adicional de 0,55 puntos.

“Queremos mantener, al menos seguir explorando, en años posteriores” este esquema de subida salarial, según Lacuerda, siempre que se garantice el poder adquisitivo de los empleados públicos.

“Con esa garantía, el vincular nuestra capacidad de crecimiento de los salarios a la marcha del país nos parece hasta razonablemente justo”, afirmó.

Por otra parte, en lo que respecta a la reducción de la temporalidad en el sector público, que se fijó en una tasa del 8% al final de la vigencia del acuerdo, Lacuerda indicó que en sanidad y educación no se va a cumplir. Ese objetivo afecta a casi 400.000 personas.

Por ello, UGT pedirá que se prorrogue el acuerdo un año más para “dar más tiempo a las administraciones públicas más retrasadas y a los sectores con más dificultades para estabilizar empleo”.

Del mismo modo, reclamará suprimir la tasa de reposición de efectivos en todos los sectores y ámbitos y que se convoque la Oferta de Empleo Público (OEP) en el primer trimestre, aunque admitió que será difícil para este año, dada la intención del Ejecutivo de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). El sindicato pedirá convocar la mesa de seguimiento del acuerdo que finaliza este año para hacer balance.

En esta batería de medidas, Lacuerda afirmó que “es tan importante el desarrollo normativo del Estatuto Básico del Empleado Público”, pendiente de desarrollar y que recoge lo relativo a la carrera profesional, que “si por una vez en esta situación el tema salarial no es ni el primer, ni el segundo, ni el tercer tema en cuanto a prioridad, nosotros preferiríamos meterle mano más en serio” al Estatuto.

“Esta legislatura es legislatura de buen viento, si tenemos algo que avanzar aprovechar estos vientos que pintan bien, al menos pintan para que se puedan discutir todas las materias que para nosotros son importantes”, valoró.