La Junta se reservaría la explotación, conservación y el establecimiento del régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y demás obras hidráulicas en la propuesta que formuló al Gobierno para negociar el traspaso de las funciones y servicios de las aguas de la Cuenca del Duero que tienen su nacimiento en Castilla y León y derivan a Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad autónoma.

Junto a ello, la Junta prevé también gestionar la concesión de recursos hídricos y las autorizaciones sobre el dominio público hidráulico, mientras que el Gobierno regional será el encargado de la planificación general, a través de la delimitación de la Demarcación Hidrológica del Duero y la elaboración del Plan Hidrológico de Demarcación. Junta y Gobierno central compartirá competencias en policía de aguas.

El documento marco para la negociación con el Gobierno, al que ha tenido acceso la Agencia Ical, determina el compromiso firme para desarrollar “plenamente” el mandato del Estatuto de Autonomía, que recoge la gestión de las aguas de la Cuenca del Duero como una de las "compentencias estrella", y fija el ámbito funcional y el calendario en el que se puede materializar la transferencia.

Así, el texto para la negociación, que la Junta espera que sea aceptado por el Gobierno en la reunión prevista para octubre de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad y el Estado, cuya presidencia ostenta este año el Gobierno regional, detalla el ámbito competencial, el principio básico de cooperación, la planificación hidrológica en la Cuenca del Duero, el otorgamiento de derechos concesionales sobre aguas y su control, la gestión de los embalses, los órganos de gestión y participación pública, la protección del dominio público hidráulico y la programación y financiación de las obras públicas.

CARÁCTER INTERNACIONAL

La Junta de Castilla y León subraya que el carácter internacional de la Cuenca del Duero constituye un “elemento diferenciador” que exige el respeto de los compromisos asumidos por el Estado a través de tratados internacionales, que afectan, en particular, al régimen de caudales públicos.

No obstante, se remite a una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que corresponde a las comunidades la ejecución de tratados y convenios internacionales, cuando así lo disponen los estatutos de autonomía y sin perjuicio de la obligación del Estado de garantizar su cumplimiento.

Bajo este argumento, la Junta aspira a ejercer las competencias sobre las aguas de la Cuenca del Duero que tienen su nacimiento en Castilla y León y derivan a Portugal sin atravesar ninguna otra comunidad, mientras que el Estado en las relaciones internacionales en especial en los convenios y tratados con la República Portuguesa, que la Comunidad Autónoma se obliga a respetar.