Según informó el instituto Armado, la operación Guayota se saldó con la detención de once personas de nacionalidad española en distintos municipios tinerfeños y de un individuo colombiano, que actualmente se encuentra en proceso de extradición para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales españolas.

También se llevaron a cabo siete registros domiciliarios simultáneamente en España y en Colombia y se consiguió identificar y embargar un patrimonio valorado en más de dos millones de euros, entre efectos, viviendas y vehículos, titulados en muchas ocasiones por testaferros.

La investigación comenzó hace dos años cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización asentada en Tenerife que estaría reportando grandes cantidades de dinero en efectivo a destacados cárteles de la droga en Colombia y Perú.

Ante el elevado número de miembros de la organización, y debido a su ámbito de actuación internacional, se formó un conglomerado policial compuesto por agentes españoles, colombianos y estadounidenses.

Esta coordinación policial permitió descubrir la introducción de “continuas partidas de cocaína” desde Sudamérica a España, fundamentalmente por vía marítima, con destino a Canarias.

La operativa delictiva era supervisada en origen por un ciudadano colombiano residente en Cali (Colombia), quien intermediaba entre los proveedores de la droga en su país y los receptores de la misma en España. Éstos, a su vez, le daban salida en partidas más pequeñas ocultas en autocaravanas mediante numerosos viajes entre las distintas islas que componen el archipiélago canario.

Estos traslados se llevaban a cabo aprovechando la cobertura legal que les proporcionaba una estructura societaria controlada por la organización, consistente en empresas de compra-venta de vehículos, talleres mecánicos y depósitos de almacenaje de caravanas, llegando a incautarse los investigadores un total de 60 kilos de cocaínas en uno de esos trayectos.

Uno de las ramas de la investigación, centrada en uno de los integrantes de la banda de origen ghanés, permitió recabar y corroborar información sobre la conocida como “ruta africana” de la cocaína, una vía de tránsito empleada por narcotraficantes sudamericanos, a través de países ubicados en la costa oeste africana, donde la droga sería almacenada hasta su posterior envío a costas españolas.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) y el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de Canarias, junto con el apoyo de la Unidad Investigativa Contra el Lavado de Activos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, Grupo de Reserva y Seguridad Nº8, Grupo Cinológico de Tenerife y Servicio Fiscal del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, todo ello bajo la tutela del Juzgado de Instrucción Nº4 de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife).