Así lo explicaron en un acto informativo en Madrid el director de Marketing de Ryanair, Kenny Jacobs, y el responsable de Recursos Humanos, Darrell Hughes, quienes señalaron que la decisión sobre las bases a cerrar dependerá de la política comercial de la compañía.

En cuanto a las previsiones de entregas de los Max, Jacobs indicó que su expectativa es empezar a recibir las nuevas unidades en marzo o abril y que estas diez unidades estén volando a principios del verano.

Tras el cierre de las bases canarias de Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote el pasado 8 de enero, Ryanair mantiene operativas en España nueve bases en las que cuenta con unos 3.000 empleados.

Estas bases están en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Alicante, Valencia, Sevilla, Santiago de Compostela y Girona. Además, Ryanair tiene operaciones en otros 17 aeropuertos.

Ryanair realizó un pedido de 135 aviones Max y tiene derechos para la adquisición de otras 75 unidades. Su previsión inicial era recibir 58 aeronaves en 2020, de las que como mucho llegarán diez.

“Estamos en manos de las autoridades de seguridad”, afirmó Jacobs, quien señaló que se espera que la FAA estadounidense pueda dar su autorización en marzo y que la agencia europea EASA lo haga en abril.

En cuanto a la decisión sobre las bases que se puedan cerrar, negó que esté supeditada a las relaciones con los sindicatos. De hecho, defendió que, en Alemania, donde cuenta con convenios con los pilotos y los TCP cerró dos de sus ocho bases (Hamburgo y Núremberg), porcentaje igual al de España, donde cerró tres de un total de 12. Además, desmanteló otras dos en Estocolmo y Belfast.

Como consecuencia de estos cierres, la compañía prevé que su tráfico en España en el ejercicio fiscal 2021, entre abril de este año y marzo del siguiente, se reduzca un 1,5%, rompiendo con muchos años de incrementos. En el conjunto de sus mercados, espera alcanzar los 156 millones de pasajeros, un 2% más. En España espera rozar los 51 millones.

“La única causa en la reducción de nuestro tráfico y del cierre de bases son los Max”, aseguró Jacobs, quien defendió que la demanda de sus vuelos sigue siendo muy fuerte.

Por su parte, Hughes defendió la legalidad del ERE aplicado por Ryanair en España que ha supuesto el despido de algo más de 200 empleados en Canarias y Girona, así como del nuevo modelo de contrato estacional aplicado a la plantilla que se mantiene en el aeropuerto catalán.

Además, aseguró que tanto los cien empleados que siguen en Girona como los cien de Canarias que han sido recolocados en otras bases europeas mantienen la antigüedad de sus contratos, aunque en el caso de los que han salido del país sus condiciones salariales se han adaptado a las de sus destinos.

Preguntado por las reticencias de la Inspección de Trabajo a sus nuevos contratos en Girona, explicó que la compañía se ha reunido con las autoridades laborales catalanas para aclarar que se trata de problemas “terminológicos”.

Por último, destacó que su intención es acordar convenios en España con los pilotos y los TCP y detalló que en el caso de los primeros está abierto ya un proceso negociador, algo que todavía no ha logrado con los tripulantes.