Las medidas propuestas por esta confederación aluden a la mejora del marco jurídico y a la toma de decisiones que garanticen un acceso igualitario a derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Una de las medidas más urgentes para Plena Inclusión es avanzar en la extensión de la educación inclusiva como marco básico desde el que garantizar un aprendizaje en diversidad en los centros escolares de todo el país. Para lograrlo sugiere la reforma de la Ley de Educación.

Asimismo, aboga por la reforma del Código Civil. Su modificación permitirá profundizar en la igualdad ante le ley de las personas con discapacidad intelectual. En la actualidad esta norma fundamental contiene artículos que la alejan del cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de la Discapacidad. Plena Inclusión exige cambios en apartados que limitan la capacidad de decisión sobre sus vidas de las personas con discapacidad intelectual.

La confederación, que trabaja por un colectivo de 140.000 personas en toda España, defiende que se pongan en marcha, desde el nuevo Ejecutivo, medidas que favorezcan la autonomía de las personas con discapacidad. Desde Plena Inclusión se propone un plan nacional que permita la desinstitucionalización progresiva de las personas con discapacidad y el reconocimiento real de la figura del asistente personal.

También solicita un plan gubernamental que compense el sobresfuerzo económico que deben asumir las familias de personas con discapacidad intelectual, así como la incentivación del empleo. En este campo, Plena Inclusión pide que las personas con discapacidad que han accedido al mundo laboral puedan compaginar sus salarios con pequeñas ayudas, evitando que su percepción les obligue a abandonar un camino básico de inclusión social como es el mundo del trabajo.