Así lo explicó este miércoles el portavoz de la organización, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa en la que también mostró su esperanza de que este “gesto” se traduzca en la “revitalización” de las políticas de protección de los derechos de los consumidores y lucha contra el fraude, que, a su juicio, “llevan décadas prácticamente inertes”.

Entre las “prioridades” que la asociación planteará al futuro ministro también destacó la importancia de que el Ejecutivo lleve a los tribunales a las empresas que cometan “abusos” si se “niegan a cesar en sus prácticas” en virtud de la autoridad que le otorga la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Unas acciones judiciales “inéditas”, a su entender, “desde hace décadas y que sólo están emprendiendo asociaciones de consumidores”.

Junto a ello, también planteará una reforma de esta ley para que el Ministerio de Consumo asuma competencias sancionadoras, ya que, según Facua, para luchar contra los fraudes masivos es necesario que el ministerio competente “tenga la capacidad de imponer multas disuasorias”.

A este respecto, Sánchez abogó por que las competencias sancionadoras ante una “irregularidad” que se produzca en toda España sean compartidas por comunidades autónomas y Gobierno central, de manera que cuando un fraude afecte a consumidores de varias comunidades pueda ser el ministerio el que emprenda dichas actuaciones sancionadoras.

El portavoz de Facua recordó que los consumidores españoles llevan “décadas siendo víctimas de multitud de fraudes masivos” que cometen “con impunidad” grandes empresas de telecomunicaciones, sector eléctrico y bancario, aseguradoras, aerolíneas o firmas del sector alimentario.

Fraudes que, según su criterio, “perjudican gravemente” a la economía de las familias, que ven cómo algunas compañías les cobran precios superiores a los anunciados, “incumplen” sus compromisos de calidad, introducen “todo tipo de cláusulas abusivas” en sus contratos o aplican “ilegalmente” subidas tarifarias.