Así lo expresó a través de un comunicado emitido tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en el que también estimó “urgente” incluir en la Ley de Defensa de los Consumidores una definición de consumidor vulnerable que ampare a quienes, por sus condiciones físicas o socioeconómicas, se encuentran en peor situación.

Tras solicitar al nuevo Ejecutivo que “dé un impulso fuerte y decidido” a las políticas de protección de los consumidores que, a su juicio, “se ha visto lastrada” por la crisis, subrayó que la creación de un Ministerio de Consumo “puede ser un elemento positivo que impulse sus políticas y refuerce su transversalidad”.

No obstante, juzgó “necesaria” una “profunda reforma” de las competencias en esta materia para “mejorar su coordinación y su eficacia”. “De lo contrario se corre el riesgo de que sea una medida puramente estética y sin efectos reales para los consumidores”, deslizó.

JUEGO

Con respecto a las competencias sobre el juego y las casas de apuestas que asumiría el nuevo ministerio, OCU instó al nuevo departamento que previsiblemente dirigirá Alberto Garzón, a que “con urgencia” se aborde la normativa sobre publicidad del juego que prohíba la publicidad de las apuestas y el juego online, se “endurezcan” los controles de acceso a las salas y se limite la proliferación de locales de juego.

En cuanto a las políticas sectoriales que abarcan diferentes ámbitos como la energía, la salud, la alimentación, la vivienda, el mercado digital, la movilidad, la seguridad, los servicios financieros y el consumo sostenible, la organización emplazó al nuevo ministerio a que “lidere” la aplicación de la normativa de protección de los consumidores.

Entre las medidas a adoptar, la asociación de consumidores también reiteró la importancia del “impulso” al bono social, la reducción de las listas de espera, la mejora del etiquetado de los alimentos y de la seguridad de los productos, la regulación de las plataformas online y la nueva economía, los incentivos fiscales al alquiler, la creación de una agencia de protección en el ámbito financiero, el desarrollo de estrategias para incentivar al “ciudadano sostenible” o medidas para “combatir” la obsolescencia prematura.